Los letrados judiciales han aceptado la subida salarial propuesta por el Gobierno español, lo que ha puesto fin a una huelga que ha durado varios meses. El acuerdo se produce después de meses de negociaciones entre el Ministerio de Justicia y los letrados, que han estado exigiendo una adecuación salarial por la mayor carga de trabajo que les ha sido asignada en los últimos años.
Los letrados judiciales han aceptado la subida salarial ofrecida por el Gobierno de hasta 450 euros mensuales, poniendo fin a una huelga que se había extendido por varios meses. La decisión de poner fin a la huelga se produjo después de una reunión con el Ministerio de Justicia que tuvo lugar el martes a las 11 de la mañana. Aunque el comité de huelga ha advertido de que todavía hay algunos términos del acuerdo final por aclarar, la propuesta del ministerio ha sido respaldada por la mayoría de los letrados de la Administración de Justicia.
La propuesta contempla una subida salarial para la inmensa mayoría de los letrados de 430 euros mensuales, mientras que para el 3% que está destinado en los Servicios Comunes Procesales y el otro 3% que ejerce en las Secretarías de Gobierno de Coordinación Provincial y en las direcciones de servicio común, la subida será de 440 y 450 euros, respectivamente. Aunque se ha descartado la cláusula de reenganche salarial que los letrados situaban como condición indispensable para el cese de la huelga, la mayoría de los funcionarios ha valorado positivamente el acuerdo en beneficio del servicio público que prestan.
El conflicto entre los letrados y el Ministerio de Justicia se remonta a 2009 y 2015, cuando se otorgó a los profesionales una mayor carga de trabajo sin una adecuación salarial. Desde entonces, los letrados han estado demandando subidas salariales y un estatuto acorde con las funciones que han asumido. Convocaron dos huelgas en enero y marzo, y plantearon otra en abril, aunque finalmente no se llevó a cabo. En septiembre de 2022 se cortó el contacto entre las partes, y tras dos breves paros convocados a finales de ese año, los letrados iniciaron una huelga indefinida en enero de 2023.
El conflicto ha tenido un gran impacto en el funcionamiento de la Justicia española, ya que los letrados son los encargados de dar fe pública, dirigir la oficina judicial, dictar resoluciones y gestionar los pagos en la Administración de Justicia. Con más de 4.300 funcionarios que componen este cuerpo, manejan hasta 4.500 millones de euros al año.
El acuerdo ha sido una buena noticia para todos los implicados en el sector de la justicia en España, ya que con el fin de la huelga, se espera que el sistema pueda volver a funcionar con normalidad. Con su resolución, se espera que el Ministerio de Justicia y los letrados puedan continuar trabajando juntos para garantizar un sistema de justicia más eficiente y equitativo para todos los ciudadanos españoles.
