Aprobada la nueva Ley de Familias en Consejo de Ministros: garantiza el pleno reconocimiento jurídico de todos los tipos de familias

La nueva Ley de Familias aprobada por el Consejo de Ministros garantiza el reconocimiento jurídico de todos los tipos de familias y amplía los beneficios fiscales a nuevos tipos de uniones. La ley se enfoca en garantizar los derechos de las familias y el cuidado de los menores.

La ley de Familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y cuya versión definitiva ha sido aprobada en Consejo de Ministros este martes, introduce varios cambios respecto a versiones anteriores. El Consejo de Estado evaluó el texto y acusó al Gobierno de invadir competencias, ofrecer ayudas que casi nadie podrá recibir y no saber aplicar la normativa de la UE. Uno de los aspectos que ha generado más polémica y críticas es la eliminación del término «familia numerosa», que pasará a considerarse «familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza», un nuevo concepto que incluye a más tipos de familias. El Consejo de Estado criticó la eliminación del nombre a falta de una «explicación de los motivos que fundamentan esta decisión».

La ley considera como «familia con especiales necesidades de apoyo a la crianza» a la familia numerosa y determinados supuestos equiparados, entre los que se incluyen las personas progenitoras en situaciones familiares en que exista una sola con dos hijos o hijas, los supuestos de custodia compartida y las parejas de hecho equiparadas a las conyugales. La norma modifica los umbrales, destacando la reducción del número de hijos exigidos para que la familia numerosa pueda acceder a la categoría especial, de 5 a 4 hijos, y de 4 a 3 en caso de parto múltiple.

En cuanto a la educación, la ley elimina el artículo que regulaba la prohibición del denominado «pin parental». En la versión anterior, los padres, madres y adultos no podían limitar o impedir el acceso de sus hijos a la información y «actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo». El Consejo de Estado argumentó que este aspecto se debe regular a través de una ley orgánica y no de la ley de Familias.

La ley promete un permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años. Este permiso, que tendrá una duración no superior a ocho semanas, podrá disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial. Además, las familias con personas menores de tres años de edad a cargo tendrán derecho a una prestación económica de apoyo a la crianza de 100 euros mensuales por cada persona menor. Los padres tendrán derecho a solicitar una excedencia de hasta tres años en su trabajo para hacerse cargo de los hijos.

La ley también contempla un permiso de cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad. Los trabajadores tendrán derecho a quince días naturales en el caso de que se trate de matrimonio o registro de pareja de hecho.

El proyecto, que se estima con un coste de 700 millones de euros anuales, deberá todavía hacer frente a su último examen en el Parlamento. La ley busca garantizar el pleno reconocimiento jurídico de todo tipo de familias a través de los distintos servicios sociales y se centra en la ampliación de la protección social a las familias, el derecho a la conciliación, el reconocimiento de los distintos tipos de familias y el cuidado de los derechos de los niños y adolescentes.

Se estima que 300.000 familias monoparentales con dos hijos puedan acceder a los mismos beneficios que los hogares numerosos, como facilidades para recibir una beca, reducción de tasas o bonificaciones en el transporte público. La ley busca apoyar a los hogares que más lo necesitan y contempla medidas como la protección social, jurídica y económica para los hogares con un solo progenitor, así como un «Marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días».

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, es la principal impulsora del proyecto y ha celebrado y explicado los nuevos avances en su perfil de Twitter. Según ella, «España vive una emergencia de conciliación». La ley de Familias se enfoca en garantizar los derechos de las familias y el cuidado de los menores, incluyendo la ampliación de beneficios fiscales y otras ayudas a nuevos tipos de uniones, como los hogares con discapacidad o los monoparentales con dos hijos.

En resumen, la ley de Familias aprobada por el Consejo de Ministros introduce varios cambios respecto a versiones anteriores y busca garantizar el pleno reconocimiento jurídico de todo tipo de familias a través de los distintos servicios sociales. Contempla medidas como la ampliación de la protección social a las familias, el derecho a la conciliación, el reconocimiento de los distintos tipos de familias y el cuidado de los derechos de los niños y adolescentes. La ley se enfoca en garantizar los derechos de las familias y el cuidado de los menores, incluyendo la ampliación de beneficios fiscales y otras ayudas a nuevos tipos de uniones.

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