La aprobación permite al Gobierno recibir los fondos para la reconstrucción, pero el texto deberá enfrentarse a una tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
El Congreso de los Diputados ha convalidado un real decreto ley de medidas urgentes sobre pensiones que culmina la segunda parte de la reforma del sistema público de pensiones en España, comprometida por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, al comienzo de la presente legislatura. Este segundo paquete de medidas permite al Ejecutivo dar por cumplido el componente 30 comprometido con Bruselas como parte del Plan de Reformas que permitirá la recepción de los fondos para la reconstrucción. Con la aprobación de este real decreto ley, se abre el camino para la llegada en el próximo otoño del cuarto tramo de ayudas por valor de 10.000 millones de euros.
Sin embargo, el texto aprobado inicia ahora un camino incierto durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. El Ejecutivo abre esta posibilidad para permitir a los grupos que han apoyado el texto realizar aportaciones y contribuciones durante las próximas semanas. Una condición sine qua non para amarrar los votos afirmativos necesarios para sortear este primer examen en la Cámara Baja. Desde la oposición, se criticó que este texto podría correr la misma suerte que otras normas que están bloqueadas en el Congreso precisamente en ese trámite de enmiendas.
El real decreto ley convalidado incluye la reforma del sistema de pensiones, que ha contado con un amplio apoyo de 179 votos a favor, el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. Votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. De su lado, Vox, Junts y EH Bildu se han abstenido, mientras que el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG han votado en contra.
Durante su intervención en defensa de las medidas incluidas en el real decreto, el ministro Escrivá se remangó para tratar de aplacar las duras críticas que ya ha recogido su plan de reforma para las pensiones desde diferentes servicios de estudios económicos, pero también de la propia Airef, la autoridad fiscal encargada de auditar las cuentas del Gobierno que prevé mayores gastos y más déficit público a costa de la política de pensiones aprobada por el Gobierno. Escrivá argumentaba que con estas medidas se evitan los recortes «extraordinarios» que se hubieran producido de seguir en vigor la reforma del PP aprobada en 2013.
Una de las posiciones más criticadas desde los partidos que han apoyado las medidas es el voto negativo de la primera fuerza de la oposición. El diputado popular Jaime de Olano trató de justificar el rechazo a las medidas argumentando que las medidas han sido consensuadas no solo a espaladas de los agentes sociales, sino que también se rompe la contributividad del sistema y se pone en riesgo la sostenibilidad. Desde el PP ofrecen rehacer la reforma en un plazo de dos meses sentándose en el Pacto de Toledo y hacer una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Las críticas principales sobre el pliego de medidas aprobadas vienen de servicios de estudios económicos como Airef, que muestran incertidumbre o dudas sobre la viabilidad del escenario planteado. El Gobierno ha previsto subidas de cotizaciones por valor de 1,1 puntos del PIB de aquí a diez años, lo que supone unos 13.000 millones de euros más. Esta cuantía saldrá tanto de la senda de destope de las bases máximas como de la cuota de solidaridad aplicada a los sueldos que rebasen ese límite. También saldrá de los 20,2 millones de afiliados a la Seguridad Social que ya pagan el 0,6% de su salario a costa del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y que se duplicará en los próximos seis años hasta el 1,2%.
Además de estas cotizaciones de nuevo cuño incluidas en el segundo paquete de reformas, ahora la Seguridad Social también ha estimado un mayor flujo de ingresos del inicialmente previsto por la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos que introduce los tramos y cuotas en función del nivel de rendimientos netos. Si en un principio se preveía un impacto fiscal neutro, ahora el Gobierno espera que en menos de diez años, el RETA esté ingresando entre 5.000 y 7.000 millones de euros más anuales, además de los más de 11.000 millones que ya aportan de media anualmente.
En general, la aprobación de este segundo paquete de medidas sobre pensiones representa un hito importante en la promesa del Gobierno de reformar el sistema público de pensiones. Sin embargo, el texto deberá enfrentarse ahora a una posible y ardua tramitación parlamentaria como proyecto de ley, en la que el Gobierno tendrá que lidiar con la oposición y buscar consensos para poder llevar adelante las reformas que se proponen.
