La aprobación en el Parlamento regional de una proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana ha generado controversia en Andalucía debido a las amenazas de la Unión Europea de multar a España.
El Partido Popular (PP) y Vox, con el apoyo del Gobierno andaluz, han aprobado la tramitación de una proposición de ley en el Parlamento regional que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, a pesar de las amenazas de la Unión Europea de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central.
La ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, lo que ha sido cuestionado por la Comisión Europea, que amenaza con multas, y el Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional por «invasión» de competencias si se aprueba.
La oposición, formada por el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se opone frontalmente a esta ley y ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la proposición si el Gobierno andaluz no rectifica.
El Gobierno andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.
El debate parlamentario ha sido controvertido y agresivo, y ha estado marcado por la tensión y los reproches entre los grupos. La iniciativa ha sido defendida por el ponente popular de la ley, Manuel Andrés González, que ha exigido al PSOE-A y al Gobierno que «no mientan ni tergiversen» porque está en juego el porvenir de muchas familias.
Por otro lado, la mayoría de los científicos y agentes representados en el Consejo de Participación de Doñana se han opuesto a esta propuesta, que consideran «muy negativa» porque «no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto». Además, Unidas Podemos ha avanzado su intención de llevar la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.
En resumen, la aprobación de esta proposición de ley ha generado un intenso debate y ha enfrentado a los grupos políticos, mientras que los científicos y agentes representados en el Consejo de Participación de Doñana se han opuesto frontalmente a esta ley.
