El Consejo de Ministros de España ha aprobado un paquete de medidas para reducir la especulación y el acaparamiento de inmuebles por parte de fondos buitre y empresas.
Después de más de un año de negociaciones, las fuerzas progresistas han llegado a un acuerdo para aprobar la primera ley que consagra la vivienda como un derecho. Esta ley, que se espera sea aprobada en las Cortes, tiene un enfoque claro en el alquiler, ya que este ha sido un problema crónico en España, especialmente para aquellos con salarios más bajos. De hecho, el parque público de viviendas en alquiler apenas llega al 2% del total de inmuebles, mientras que en otros países europeos, como los Países Bajos, llega al 30% del total.
La ley busca hacer que el alquiler sea más asequible para una mayor parte de la población, mediante la introducción de términos como el control de precios, la definición de grandes propietarios o la creación de índices de referencia que determinarán las rentas que se pagan por los pisos. Uno de los puntos más polémicos de la ley ha sido el control de precios, que inicialmente estaba destinado solo a los grandes tenedores (propietarios que sean empresas) que tuvieran más de 10 inmuebles en alquiler, pero se va a rebajar a 5, sean personas físicas o jurídicas. Esta medida deja fuera una gran parte del parque de viviendas en alquiler, lo que ha sido criticado por asociaciones que defienden los intereses de los inquilinos.
Otro punto importante ha sido el de los desahucios, ya que el proyecto de ley no ofrecía grandes cambios al respecto. La ley tampoco aborda el problema de las personas que viven en esta situación y no ofrece alternativas para ayudarlas.
Para evitar aumentos descontrolados en los precios del alquiler, durante el 2023 se aplicará el límite del 2%, el mismo que está actualmente en vigor. En 2024 será del 3%. A partir de entonces, en 2025, se creará un nuevo índice que se pretende que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que tope los aumentos de la renta por la renovación anual. Además, las zonas con precios tensionados, donde es cada vez más difícil encontrar pisos asequibles en alquiler, serán reguladas y topadas, tanto para los contratos que ya estén en el mercado como para los nuevos contratos.
Las zonas tensionadas son aquellas donde los precios del alquiler están disparados. Ahora se simplifica su declaración y se mejoran las condiciones para que puedan ser declaradas como tal. En concreto, deben cumplir dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Los grandes tenedores serán aquellos que tengan más de cinco inmuebles y no 10, como marcaba el texto que se elaboró en Moncloa. A estos se aplicarán medidas concretas para reducir la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás.
El objetivo principal de esta iniciativa es reducir la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican los llamados «fondos buitre» y otros grandes inversores en el mercado inmobiliario. Estos inversores compran propiedades a precios bajos y luego las mantienen vacías o las alquilan a precios muy elevados, lo que dificulta el acceso a la vivienda a un gran número de personas.
El plan incluye varias medidas, entre las que destacan la creación de un registro público de viviendas desocupadas y la ampliación de las competencias de los ayuntamientos en materia de vivienda. Además, se establecerán sanciones para los propietarios que mantengan sus propiedades vacías durante períodos prolongados.
Por otro lado, se promoverán políticas de vivienda asequible, como la construcción de nuevas viviendas sociales y la rehabilitación de edificios antiguos. También se estudiará la posibilidad de regular los precios del alquiler para garantizar que sean justos y accesibles para todos.
El gobierno ha anunciado que trabajará en colaboración con los diferentes agentes del sector inmobiliario para llevar a cabo estas medidas y garantizar un mercado más justo y equitativo para todos. Se espera que estas iniciativas tengan un impacto significativo en la reducción de la especulación y el acaparamiento de inmuebles, y contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda en España.
