El 85% de los funcionarios de la Administración de Justicia en España ha secundado la primera jornada de huelga indefinida convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO., UGT y CIG, para pedir un aumento de sueldo y la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia.
Este lunes se llevó a cabo una huelga en la Administración de Justicia, en la que según los sindicatos convocantes, el 85% de los funcionarios la secundó. Sin embargo, el Ministerio de Justicia redujo la cifra al 15.03%, limitando esta cifra a los órganos centrales y territorios sin competencia de justicia transferida. Los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO., UGT y CIG convocaron a esta huelga indefinida, que se extenderá hasta que se atiendan sus demandas de aumento salarial y paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que según ellos impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa. Los funcionarios convocados son el 93% del personal de la Administración de Justicia, pertenecientes en su mayoría a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, así como médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La huelga ha afectado a unas 700.000 actuaciones judiciales y miles de juicios, según un comunicado del sindicato CSIF. Si la huelga continúa, se requerirían dos años para recuperar el trabajo perdido. Además, este miércoles está programada una huelga general durante todo el día y una «gran manifestación» que comenzará en el Ministerio de Justicia en Madrid y contará con la presencia de trabajadores de toda España.
La titular de Justicia, Pilar Llop, ha prometido dialogar sobre las demandas sindicales, aunque ha pedido a los trabajadores que «miren por los ciudadanos» y «no causen perjuicio» en el servicio público. También ha señalado que en las comunidades autónomas que no tienen competencias de Justicia transferidas, ya han recibido un aumento salarial.
Esta es la segunda huelga en la Administración de Justicia en 2023, después de que el cuerpo de letrados estuviera en huelga del 24 de enero hasta marzo, cuando se llegó a un acuerdo. El representante de la CSIF, Javier Jordán, ha dicho que «si ha habido un reconocimiento económico para uno de los cuerpos, tiene que haber un reconocimiento económico para el resto». También ha enfatizado que el Ministerio de Justicia sabía que la subida de los letrados tendría un efecto cascada en el resto de los trabajadores de la Administración, y que otros sectores, como el de jueces y fiscales, también solicitarán aumentos salariales.
