Los sindicatos han pedido al Ministerio que convoque "de forma inmediata" al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, ante la "indignación" del colectivo que constituye más del 90% del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales.
Los trabajadores de la Administración de Justicia han vuelto a manifestarse frente al Ministerio de Justicia para exigir mejoras retributivas y la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa. La protesta se enmarca dentro de una huelga que ha ido aumentando en intensidad desde su inicio el pasado 17 de abril, con paros parciales que se han intensificado con la convocatoria de paros de jornada completa que se llevarán a cabo los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Los sindicatos que convocan la huelga -CSIF, STAJ, CCOO y UGT- han denunciado la «posición» del Ministerio de Justicia, que se ha negado a subir las retribuciones, lo que ha generado «indignación» entre el colectivo que representa al personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales, que conforma más del 90% de los trabajadores.
Los sindicatos aseguran que el equipo liderado por la Ministra de Justicia, Pilar Llop, no reconoce «la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni las funciones reales de los cuerpos generales». También han criticado al Ministerio por despreciar la implicación, la participación y el papel «determinante» del «inmenso» personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
Entre las demandas de los trabajadores se encuentra el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, así como la eliminación de la acumulación de funciones en el cuerpo de LAJ que realizan los cuerpos generales. Para ello, han pedido un aumento del complemento general del puesto, que oscila entre los 350 y los 430 euros mensuales, dependiendo del cuerpo al que pertenezcan los trabajadores.
Además, los trabajadores exigen la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, para equipararlas a las que se perciben en el Grupo 1 en Madrid y Barcelona. También han solicitado la publicación antes de que finalice esta legislatura, previa negociación colectiva, del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional, pendiente de aprobación desde diciembre de 2018, cuando este concepto retributivo fue incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante esta situación, los sindicatos han solicitado al Ministerio que convoque de forma inmediata al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, algo que no ha ocurrido desde el pasado 24 de abril, cuando se convocaron las huelgas parciales. Si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones, los sindicatos no descartan la convocatoria de una huelga general indefinida.
