La Guardia Civil ha detenido a 26 personas por el uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la Comarca de la Axarquía, Málaga. Se estima que el total de agua derivada ilegalmente asciende a 25.951.198 m³, lo que podría estar provocando un daño importante a las reservas hidráulicas de la zona.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación «Chaak» en la que ha detenido a 26 personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y por usurpación de aguas públicas. La investigación se inició hace cuatro años tras recibir una denuncia por el uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la Comarca de la Axarquía, en Málaga. Los agricultores habrían estado utilizando de manera ilegal aguas subterráneas públicas para el riego de sus cultivos, lo que podría estar provocando un daño importante a las reservas hidráulicas de la zona.
La investigación se amplió con la denuncia de varios agricultores de la zona que señalaban el mal uso del agua en varias Comunidades de Regantes, permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, lo que perjudicaba a aquellos agricultores que ajustaban sus riegos a lo legalmente establecido. Se inspeccionó un total de 3.453.008 m² de cultivo de subtropicales, donde se comprobó la extracción continuada e ilegal de aguas subterráneas públicas a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, entre otros.
Según el informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, más de 250 de los 299 aprovechamientos eran ilegales. Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad asciende a 25.951.198 m³ y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se eleva a 240,242 hectáreas, causando unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros.
La Junta de Andalucía informó que estas detracciones ilegales de agua se habían producido en una zona sobreexplotada, incluso en situación de sequía prolongada y de excepcional sequía, por lo que se habían establecido restricciones de agua regulada. En cuanto a las irregularidades denunciadas contra las comunidades de regantes, los investigadores estiman que un total de 2.220.555 m² del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de las Comunidades de Regantes, lo que supone unos 3.000.000 euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años.
Además de los detenidos, hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo. La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Vélez Málaga.