El informe de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo destaca el posible uso de 'spyware' en España y señala a Marruecos como "el posible responsable" del espionaje a los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y otros ministros.
La Comisión Pegasus del Parlamento Europeo ha aprobado su informe definitivo sobre el caso de espionaje mediante el software Pegasus en varios países, incluyendo España. El informe señala a Marruecos como «el posible responsable» del espionaje a los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y otros ministros, pero también sugiere que el caso merece una mayor clarificación. Además, el informe afirma que «sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales, se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas».
El informe ha sido criticado por algunos eurodiputados españoles, que lo consideran fruto de «la mala fe». El Gobierno español ha mantenido un perfil bajo durante la investigación, tratando de ignorarla. Según el informe, España «tiene un sistema de justicia independiente con garantías suficientes», pero quedan algunas preguntas sobre el uso de ‘spyware’. Los eurodiputados reconocen la legitimidad de las actividades del CNI «para defender la integridad del Estado, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».
El informe también condena las principales violaciones de la legislación europea sobre el uso de ‘software’ espía en Polonia y Hungría, donde los respectivos gobiernos han decidido eliminar los mecanismos independientes de supervisión. En el caso de Hungría, se afirma que el uso de ‘software’ espía ha sido «parte de una campaña estratégica y calculada para destruir la libertad de los medios y la libertad de expresión», mientras que en Polonia, el uso de Pegasus ha sido parte de «un sistema de vigilancia de la oposición y los críticos del gobierno, diseñado para mantener a la mayoría gobernante y al gobierno en el poder». En Grecia, los eurodiputados afirman que el país cuenta con «un marco legal bastante sólido en principio», pero el uso de los sistemas de escucha telefónica que se ha denunciado «no parece ser parte de una estrategia autoritaria integral, sino más bien una herramienta utilizada ad hoc para obtener ganancias políticas y financieras».
