La Ley de Startups, 20/2022 de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, ya tiene un añito de ejercicio. Así que, hagamos un repaso del ecosistema en el que las startups se encuentran, resumamos la ley y, finalmente, hagamos un repaso al apartado fiscal que, sin duda, esta ley modifica para el usuario.
Entenderemos una startup cómo una empresa emergente con un modelo de negocio innovador y escalable, que busca solucionar un problema o satisfacer una necesidad en el mercado. Estas empresas suelen ser creadas por emprendedores con una visión a largo plazo, quienes buscan captar la atención de inversores y acelerar su crecimiento.
En términos legales, una startup puede constituirse como una sociedad mercantil, ya sea una Sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Además, es común que estas empresas cuenten con acuerdos de accionistas, contratos de confidencialidad y propiedad intelectual, y otros documentos legales necesarios para proteger su propiedad y regular su operación.
Por tanto, una startup, que es una empresa con un gran potencial de crecimiento y que puede tener un impacto significativo en el mercado.
La Ley de Fomento de las Startups, también conocida como Ley Startup, es una ley española aprobada en marzo de 2021 que tiene como objetivo impulsar y apoyar el emprendimiento y el desarrollo de las startups en el país. Si tuviéramos que definir los puntos clave de esta Ley, nos encontraremos, como principal, la definición de startup que este cuerpo legal describe. Define “startup” como una empresa de reciente creación con un modelo de negocio innovador y con alto potencial de crecimiento y escalabilidad.
En relación a las medidas fiscales, la Ley establece una serie de incentivos fiscales, como la exención del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y una deducción del 20% en el Impuesto de Sociedades para inversiones en startups. Veámoslo:
Los impuestos y sus exenciones:
El impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es un impuesto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, es decir, aquellas operaciones en las que se produce una transmisión de un bien o derecho a cambio de un precio o contraprestación económica. Algunos ejemplos de operaciones sujetas a este impuesto pueden ser la compraventa de una vivienda, la transmisión de un vehículo o la cesión de un contrato de arrendamiento. El ITP es un impuesto indirecto que recae sobre el comprador o adquirente del bien o derecho, y su tipo impositivo varía según la Comunidad Autónoma en la que se produzca la transmisión. En general, el tipo impositivo oscila entre el 6% y el 11% del valor de la transmisión.
El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un impuesto indirecto que grava los documentos notariales, mercantiles y administrativos que formalizan determinados actos jurídicos que se realizan en España. Este impuesto se aplica sobre la base del valor del acto jurídico documentado. El AJD es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que el tipo impositivo y las bonificaciones pueden variar en función de cada comunidad. En general, el tipo impositivo del AJD oscila entre el 0,5% y el 2% del valor del acto jurídico documentado.
El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un impuesto directo que grava la renta obtenida por las sociedades y otras entidades jurídicas en España. Este impuesto se aplica a todas las empresas, independientemente de su forma jurídica (sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades civiles, etc.), siempre y cuando tengan una residencia fiscal en España o realicen actividades económicas en el país. El Impuesto de Sociedades se calcula sobre la base de la renta obtenida por la empresa durante el ejercicio fiscal, después de restar los gastos deducibles y aplicar las posibles bonificaciones y deducciones que correspondan según la normativa fiscal vigente. En general, el tipo impositivo del IS es del 25% para las empresas con una facturación anual inferior a 1 millón de euros, y del 30% para las empresas con una facturación anual igual o superior a esa cantidad.
Más ventajas de la ley StarTup
Entre las medidas que establece la ley, se encuentra la simplificación de trámites para la creación y registro de nuevas empresas, lo que implica una importante reducción de la carga administrativa para los emprendedores.
Además, la Ley Startup también establece una serie de medidas para facilitar la inversión en startups, lo que incluye la creación de un régimen específico de contratación para las startups, la promoción de instrumentos de financiación alternativos y la eliminación de barreras administrativas que dificultan la inversión en estas empresas emergentes.
Otra de las medidas que establece la Ley Startup es la creación de un registro público de startups, lo que permitirá una mayor identificación y seguimiento de estas empresas y facilitará el acceso a información relevante sobre su actividad y evolución.
En definitiva, la Ley Startup supone una importante apuesta del Gobierno de España por el desarrollo del ecosistema emprendedor y la promoción de la innovación y el emprendimiento en el país. Esta ley contribuirá a fomentar la creación y consolidación de startups, y a mejorar la competitividad de la economía española en sectores clave ya que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y apoyar el desarrollo de startups en España a través de medidas fiscales, simplificación de trámites, facilitación de la inversión y la creación de un registro específico.
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