La ONG Amnistía Internacional en España ha calificado bajo los términos de “opacidad” e “impunidad” la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado sobre las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos denunciadas por dicha organización en el seno de la crisis del Covid-19.
Han pasado más de 3 años desde el fin de una de las mayores pandemias que ha asolado y devastado no sólo a nuestro país, sino a todo el planeta, y la mayoría de los familiares de las víctimas exigen conocer la verdad de lo que ocurrió aquellos días con sus mayores: abuelos, padres, tíos, hermanas, primas…
Las estadísticas hablan de que unas 35.000 personas murieron esos “días negros” en nuestros asilos y residencias, pero hasta el día de hoy nadie se ha hecho responsable ni ha entonado el “mea culpa” al respecto ni parece que vaya a hacerlo.
Lo más paradójico del asunto es que en un Estado social, democrático y de Derecho como promulga nuestra Constitución Española de 1.978, como norma fundamental, donde existe una multiplicidad de Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas…) no deberían de faltar culpables. Seguramente, si fuera para ponerse una “medallita” harían cola.
Una de las cuestiones más significativas y alarmantes es la falta de interés aparente tanto por el IMSERSO, como por los Ministerios de Sanidad y Servicios sociales en transmitir los datos relacionados con este asunto de manera homogénea y conjunta para todo el territorio nacional. La primera estimación oficial no llegó hasta noviembre de 2020, cuando un borrador del IMSERSO cifraba en 20.268 los fallecidos en la primera oleada, desde marzo hasta el 29 de junio de ese año, entre casos confirmados por prueba diagnóstica y muertes «con síntomas compatibles» con la COVID-19.
Sin embargo, a sensu contrario, diariamente a la población en cada boletín información se nos “bombardeaba” con cifras cada vez más espeluznantes y escalofriantes del número de fallecidos en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo, desglosadas por CCAA e incluso a veces por provincia.
Desde mi punto de vista, sin entrar en demasiados “tiras y aflojas”, puedo decir que son varias las causas que sustentan las denuncias presentadas por Amnistía Internacional sobre este asunto:
Falta de previsión
Tanto la OMS como la UE como las autoridades nacionales conocían la existencia de un virus que podría traer efectos devastadores sobre la vida, la salud y la integridad física y mental de la población. Y eso se sabía mucho antes de que se decretará el estado de alarma en nuestro país o se empezará a ver algún “loco” llevando mascarilla por la calle. Prueba de ello es por ejemplo que se ha demostrado la existencia de trazas del virus en las aguas residuales de Barcelona en el otoño – invierno de 2019.
Los defensores del buen gobierno y de la buena Administración te dirán que se podría haber generado alarma social innecesaria, lo que es cierto, pero ello no obvia ni obstaculiza la labor del servicio público. Se podría hacer en secreto como tantas otras cosas.
Falta de medios y/o recursos
Partiendo de la base de que nadie está preparado para una crisis sanitaria y social de tal calado, al menos debemos ponernos de acuerdo en la necesidad de reunir esfuerzos en pos del beneficio común. Creo firmemente que en los últimos años la sociedad española y europea ha obviado el esfuerzo y el sacrificio de las generaciones pasadas, las ha relegado a un segundo lugar y las ha dejado aparcadas en un reducido espacio reservado para ellas. Es algo así como el trastero al que ir a dejar tus recuerdos y tus trastos viejos y que te da pena tirar, por eso inviertes lo mínimo en ello. Te hace sentirte mejor como persona porque de alguna forma parece que estás cuidando de ellos, pero solo lo justo y necesario.
Falta de información
Si desde el primer momento nuestros gobernantes nos hubieran tratado como la sociedad adulta y responsable que somos, entiendo que entre todos hubiéramos abordado la situación de manera diferente. Nos tardaron en decir lo que pasaba, lo que había que hacer, lo grave que era el asunto… Esos fueron momentos decisivos en los que muchos pudieron haber sacado a sus seres queridos de las residencias y ponerles a salvo.
Falta de organización y de coordinación
Algo que he oído hasta la saciedad durante esta época es que el Ministerio no estaba acostumbrado a coordinar algo de tal magnitud. Daba la impresión de que estábamos viviendo por momentos en un auténtico “reino de taifas” donde cada territorio hacia o deshacía a su antojo, por culpa de las competencias transferidas a las CCAA.
En este sentido, la existencia de diferentes sistemas de salud y de servicios sociales en lugar de ayudar o beneficiar a los ciudadanos nos perjudicó al tener que depender de un mando único centralizado.
Falta de protocolos y de inspecciones
No es la primera vez, ni por desgracia será la última, que en nuestro país se denuncian tratos inhumanos, vejaciones y actuaciones contrarias a los derechos humanos en las residencias de personas mayores. La pasividad demostrada hasta ahora por las Administraciones viene a demostrar la necesidad de realizar inspecciones aleatorias a estos centros, tanto públicos como privados.
El uso de prácticas como la contención mecánica de manera continuada a lo largo del día, la contención farmacológica con pastillas “para que estén tranquilos y dejen de dar la lata”, el permanecer horas sin asear con el pañal sucio o el uso de insultos y descalificativos son por desgracia el pan nuestro de cada día en algunos de estos centros.
Ante todo esto, Amnistía Internacional ha decidido valientemente dar un paso al frente y poner voz a aquellos que no la tienen, lanzando una campaña de recogida de firmas y de conciencia social sobre este asunto y evitar así que quede en el olvido como tantas otras cosas que pasan en nuestra realidad sin apenas darnos cuenta. Para ello, ha presentado sus sospechas al respecto a modo de denuncia ante la Fiscalía para que abra las investigaciones y diligencias que considere oportunas a fin de esclarecer lo sucedido con nuestros “yayos” en los asilos durante la pandemia.
La sorpresa ha sido mayúscula cuando se ha evidenciado que alrededor del 90% de dichas denuncias han sido archivadas sin llegar a ninguna conclusión. La razón más evidente para ello es la falta de pruebas:
- En la mayoría de los casos, no hay autopsia.
- Ante el mínimo síntoma de contagio por COVID, dicha muerte se contabiliza como tal.
- Falta de testigos y de testimonios fiables de lo que realmente ocurrió con esa persona.
- Muchos de los cuerpos de los fallecidos fueron incinerados, por lo que aunque ahora se quisiera saber la causa real de la muerte ya sería imposible.
- Miedo a las posibles represalias y repercusiones de los trabajadores por si hablan de más.
- Falta de recursos y atasco de solicitudes en los momentos álgidos de la pandemia, donde incluso se llegaron a perder féretros.
En definitiva, y a modo de conclusión, este humilde servidor que escribe estás líneas desconoce si algún día se va a conocer realmente la verdad de lo que ocurrió con nuestros ancianos en las residencias de ancianos en la crisis del COVID. Lo que si estoy seguro es que se pudo hacer mucho más por salvaguardar su vida, su salud y su integridad, a la que tienen derecho tal y como establece nuestra Constitución Española, la Convención de Derechos Humanos de la ONU y el resto de tratados internacionales ratificados por nuestro país sobre la materia. También considero que apenas hemos aprendido poco o nada de la experiencia y que si algo parecido volviera a pasar, Dios no lo quiera, en poco o en nada cambiarían las cosas.
