Podemos anuncia una proposición de ley para reformar el Código Penal y castigar con hasta 4 años de cárcel a empresas que hostiguen, discriminen o intimiden a personas vulnerables en busca de lucro, como Desokupa.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien también se desempeña como secretaria general de Podemos, ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para perseguir penalmente a empresas como Desokupa, que se benefician de la persecución de personas vulnerables. El anuncio se realizó durante un mitin en Alicante, donde también habló el candidato de Podemos a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca.
Según fuentes de Podemos, buscarán impulsar una reforma del Código Penal que permita perseguir a Desokupa y sancionar a sus miembros con penas de hasta cuatro años de prisión. Esta reforma legal estaría dirigida específicamente a personas y empresas que, motivadas por el lucro, hostigan, acosan, discriminan o intimidan a personas en situación de vulnerabilidad. La propuesta de Podemos establecería un nuevo tipo penal que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa y aplicaría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros, según fuentes del partido.
Podemos se presenta como la fuerza política que evitará que el Partido Socialista (PSOE) se incline hacia la derecha. Según Belarra, «empresas como Desokupa son un grave problema democrático, son el germen de un comando parapolicial, y no permitiremos que haya personas que se beneficien al propagar odio hacia los vulnerables, la aporofobia». La propuesta de Podemos, que se presentará en el Congreso como una proposición de ley, resalta la necesidad de una nueva redacción que aumente la condena penal para aquellos que lucran a expensas de personas en situación de vulnerabilidad, combinando elementos del delito de coacciones y del delito de odio.
La modificación propuesta afectaría específicamente los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, estableciendo multas de seis a doce meses de prisión y penas de uno a cuatro años de cárcel para aquellos que, con ánimo de lucro y para alcanzar sus objetivos, promuevan, inciten, fomenten o lleven a cabo actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social, incluso si estas acciones son meramente un medio para lograr sus fines. Además, se contemplaría la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de estos delitos y se bloquearía su acceso a internet. De esta manera, las empresas con fines lucrativos que «fomenten, promuevan o inciten» al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social serían consideradas asociaciones ilícitas y podrían ser perseguidas, con la imposición de las penas correspondientes a sus miembros.
