El Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que España vulneró los derechos políticos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al suspenderlo como diputado del Parlament.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un informe en el que señala a España por violar los derechos políticos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Según el informe del comité de derechos humanos de la ONU, se vulneró el derecho a la participación política de Puigdemont cuando se le suspendió como diputado del Parlament debido a su procesamiento por un delito de rebelión en el año 2018. Esta decisión se suma a la que ya había emitido la ONU en agosto de 2022 respecto a los presos de Junts y Esquerra que también perdieron su acta de diputados en el Parlament en 2018 junto con el expresidente.
El informe destaca que la suspensión automática de un cargo electo antes de una condena debe estar sujeta a un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida. El comité de la ONU afirma que España tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar violaciones similares en el futuro y pide una reparación integral para Puigdemont. Además, solicita que se haga una amplia difusión del dictamen y que España informe a la ONU en los próximos 180 días sobre las acciones que ha tomado para remediar la situación. El informe es una respuesta a la denuncia presentada hace más de cinco años por el abogado británico Ben Emmerson en nombre de Puigdemont.
Por otro lado, el informe de la ONU respalda el requisito impuesto por el Tribunal Constitucional en enero de 2018, que estableció que Puigdemont debía estar presente en la Cámara para someterse a un debate de investidura y no podía hacerlo de forma telemática. El comité concluye que esta decisión no constituye una violación de sus derechos políticos. Sin embargo, el informe afirma que España violó los derechos del expresidente al procesarlo por el delito de rebelión, lo cual automáticamente resultó en su suspensión como diputado sin una condena previa, sin que existieran motivos previstos en la legislación que fueran razonables y objetivos.
El comité de la ONU también señala que España no ha demostrado que se cumpla con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tras el procesamiento por delito de rebelión y la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que permitió la retirada del acta a los dirigentes independentistas en el Parlament en 2018 y en el Congreso de los Diputados en 2019.
Ante este informe, el grupo de Puigdemont ha presentado preguntas al Gobierno en el Congreso para que explique qué medidas piensa adoptar. Puigdemont también ha instado al Estado a tomar decisiones al respecto.
