El secretario de Estado de Justicia y la secretaria de Estado de Función Pública firmaron un acuerdo de subida salarial con asociaciones judiciales y fiscales, poniendo fin a la amenaza de huelga indefinida. El acuerdo contempla aumentos salariales de entre 440 y 450 euros al mes para jueces y fiscales, así como mejoras retributivas y ampliación de la plantilla.
El martes pasado, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, firmaron un acuerdo de subida salarial con las asociaciones judiciales y fiscales, poniendo fin a la amenaza de huelga indefinida planteada por ambas carreras. Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria y de tendencia conservadora, no se sumó al pacto y quedó excluida de la foto que protagonizaron las demás asociaciones en el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia calificó el acuerdo como «histórico» y destacó que incluye mejoras salariales y la ampliación de la plantilla para ambas carreras, entre otras medidas que tendrán un impacto positivo en el Servicio Público de Justicia. Según el acuerdo, se aumentará la cantidad de personal en 100 nuevas plazas en 2023 y otras 100 en 2024. Estas plazas se suman a las 200 ya aprobadas para cada uno de esos años, lo que significa un total de 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024. Además, se establecerá un nuevo marco de relaciones entre las asociaciones y los Ministerios de Justicia, Hacienda y Función Pública, caracterizado por un diálogo continuado. Se crearán grupos de trabajo permanentes y una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, para resolver dudas e interpretaciones que puedan surgir de la aplicación práctica del acuerdo.
El acuerdo también establece que la comisión de Retribuciones se convocará anualmente para evaluar el desarrollo y la implementación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos realizados por los diferentes grupos. El punto central del debate durante las negociaciones fue la concreción del aumento salarial inmediato para jueces y fiscales. Finalmente, el incremento se aplicará al complemento de destino, uno de los componentes que todos los jueces y fiscales reciben, lo que implicará que el Gobierno destine hasta 46,7 millones de euros adicionales a sus salarios. Todos los miembros de ambas carreras verán un aumento salarial bruto de entre 440 y 450 euros al mes, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia (431,01 euros de media al mes).
El 100% del aumento se cobrará a partir del 1 de julio de 2024, pero los jueces y fiscales recibirán de inmediato en sus nóminas un incremento salarial del 40% del total acordado. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, por lo que la cantidad acumulada hasta ahora (entre 1.700 y 1.800 euros) se abonará en una paga en septiembre. A partir del 1 de enero de 2024, recibirán el 80% del incremento acordado y, a partir de julio de ese mismo año, el 100%.
Mientras se resuelve el conflicto con los jueces, el Ministerio de Justicia y el de Hacienda siguen teniendo pendiente la negociación con los funcionarios judiciales, un grupo compuesto por 43.000 personas que están en huelga indefinida desde el lunes pasado para exigir un aumento salarial. Por el momento, las negociaciones están paralizadas y decenas de funcionarios se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para demandar un trato similar al ofrecido a los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Los sindicatos afirman que el 85% de los funcionarios secunda la huelga, mientras que Justicia rebaja esa cifra al 29,49%. Desde que los funcionarios comenzaron a movilizarse hace un mes, se han pospuesto medio millón de juicios, según los representantes de los trabajadores.
