La médica forense que ha evaluado nuevamente a José Antonio Griñán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre si el expresidente de la Junta de Andalucía puede recibir tratamiento para su cáncer mientras cumple su condena en prisión por el caso de los ERE. En su segundo informe, al que ha tenido acceso ABC, la doctora del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla destaca las «dificultades» que implicaría este tratamiento para el penado, tanto en términos de traslado a urgencias y citas médicas programadas como por la falta de apoyo familiar y social.

La médica reafirma las objeciones planteadas en su primer informe, pero deja la decisión final en manos de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha retomado los procedimientos para ejecutar la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019. Esta sentencia condena a José Antonio Griñán, quien también fue consejero andaluz de Economía y Hacienda, a seis años y un día de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en relación con el caso de los ERE fraudulentos.

En su dictamen, la médica presenta más razones para cuestionar el tratamiento en prisión. Afirma que el informe enviado al tribunal por el centro penitenciario de Sevilla evidencia las dificultades para trasladar al penado a un hospital en situaciones de urgencia e incluso en salidas programadas desde la cárcel.

Mediante una resolución emitida el 24 de mayo por la Audiencia y proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los magistrados han enviado dicho informe a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por el Partido Popular, quienes tienen tres días para presentar sus argumentos. En sus conclusiones, la médica del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla también hace referencia a parte de lo expresado en su primer informe del 9 de enero, en el que indicaba que «una enfermedad de esta magnitud requiere de todos los recursos disponibles, incluyendo apoyo familiar y social».

La enfermedad de José Antonio Griñán es un cáncer de alto riesgo diagnosticado en diciembre de 2022. Según el segundo informe médico forense, se trata de una enfermedad grave con una evolución incierta. El tratamiento de radioterapia ha concluido y ahora continúa con el tratamiento hormonal. Su evolución aún es desconocida y está pendiente de revisiones médicas en junio y septiembre de este año. Se han experimentado efectos secundarios persistentes debido a la radioterapia y se siguen tratando, además de la posibilidad de que aparezcan nuevos efectos relacionados con la enfermedad o el tratamiento.

El segundo informe médico forense es fundamental para determinar si el tratamiento contra el cáncer es compatible con el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, por el caso de los ERE. Griñán acudió al Instituto de Medicina Legal de Sevilla el 18 de mayo para ser examinado nuevamente por la forense. Fue condenado a seis años y un día de prisión por su participación en el caso de los ERE fraudulentos y es el único acusado por malversación que aún no ha ingresado en prisión.

Al llegar a los juzgados, José Antonio Griñán expresó que «las enfermedades son privadas» y deben ser respetadas. Destacó la importancia de mantener la confidencialidad de las enfermedades y de respetarlas.

A principios de mayo, la Sección Primera de la Audiencia retomó los trámites para que Griñán, quien cumplirá 77 años el próximo 7 de junio, cumpla su condena por malversación y prevaricación. Su abogado presentó la documentación que prueba que el expresidente ha finalizado las sesiones de radioterapia para tratar su tumor de próstata. Su ingreso en prisión fue pospuesto el 13 de enero hasta que concluyeran estas sesiones. En este contexto, el IML citó a Griñán para realizar una nueva evaluación y determinar si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que le queda es compatible con el ingreso en prisión.

En su primer informe, emitido el 9 de enero, la forense había desaconsejado el ingreso en prisión de Griñán, argumentando que los posibles efectos secundarios del tratamiento hormonal y de radioterapia parecían ser incompatibles con la dinámica carcelaria. Sin embargo, también dejó claro que la sanidad penitenciaria puede hacer frente a cualquier necesidad médica.