El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los elementos clave de la reforma judicial implementada por el Gobierno polaco en 2019 son contrarios al derecho de la Unión y, por lo tanto, ilegales.
La tensión entre la Comisión Europea y el Gobierno ultraconservador de Polonia, liderado por el partido Ley y Justicia (PiS), ha alcanzado un nuevo nivel. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los elementos clave de la reforma judicial implementada por el Gobierno polaco en 2019 son contrarios al derecho de la Unión y, por lo tanto, ilegales. Esta decisión del más alto tribunal comunitario supone un duro golpe para el Gobierno polaco y una victoria para aquellos que defienden el Estado de derecho.
La reforma judicial llevada a cabo por el Gobierno del PiS ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. La Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, que fue desmantelada por el Ejecutivo polaco tras la presión de Bruselas, ha sido uno de los principales focos de atención. Esta sala permitía sancionar, trasladar o suspender a cualquier juez polaco, lo que generó preocupación sobre la independencia judicial en el país.
Polonia ha enfrentado consecuencias económicas por su incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el TJUE. La Comisión Europea ha aplicado multas diarias a Varsovia, llegando a acumular un total de 555 millones de euros que están siendo cobrados de los pagos del presupuesto europeo a Polonia. Esta medida busca presionar al Gobierno polaco para que cumpla con las decisiones judiciales y respete el Estado de derecho.
El TJUE también ha dejado claro que el papel de la Comisión Europea en el control del respeto por el Estado de derecho en Polonia es legítimo. El tribunal subraya que Polonia debe evitar cualquier regresión en materia de Estado de derecho y abstenerse de aprobar normas que socaven la independencia judicial.
La sentencia del TJUE también aborda una medida controvertida que obliga a los jueces polacos a revelar su afiliación a asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro o partidos políticos. Esta medida ha sido considerada una violación del derecho a la privacidad de los jueces, ya que puede exponer sus convicciones personales y permitir el acceso a esta información por motivos ajenos al interés general.
La decisión del Tribunal de Justicia de la UE ha sido respaldada por la Comisión Europea, que ha instado al Gobierno polaco a ajustar su legislación judicial de acuerdo con la sentencia. Didier Reynders, comisario de Justicia, ha afirmado que la ley sobre el poder judicial en Polonia debe adaptarse para evitar retrocesos en la organización de la justicia y fortalecer la independencia de los tribunales polacos.
En conclusión, la declaración del TJUE sobre la ilegalidad de la reforma judicial en Polonia supone un hito en el conflicto entre el Gobierno polaco y la Unión Europea. Esta sentencia refuerza el papel del tribunal en la protección del ordenamiento jurídico de la UE y establece la necesidad de que las autoridades polacas cumplan plenamente con las decisiones judiciales para garantizar la independencia del sistema judicial en el país.
