La defensa ha argumentado que se deben descartar los mensajes de Whatsapp que dieron origen a la investigación, ya que constituyen la principal prueba presentada por la fiscalía en este caso que busca esclarecer presuntas irregularidades judiciales en la instrucción del caso Cursach.
En el juicio del caso Cursach, los abogados que representan al exjuez Manuel Penalva, al exfiscal Miguel Ángel Subirán y a cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han presentado una petición para anular la causa que los ha llevado al banquillo. La defensa ha argumentado que se deben descartar los mensajes de Whatsapp que dieron origen a la investigación, ya que constituyen la principal prueba presentada por la fiscalía en este caso que busca esclarecer presuntas irregularidades judiciales en la instrucción del caso Cursach.
El proceso judicial contra Penalva, Subirán y los cuatro agentes de la Policía Nacional ha dado comienzo este lunes en Sa Gerreria. Enfrentan cargos que, en total, suman 576 años de prisión por diversos delitos. Según el abogado defensor de Penalva y Subirán, durante el transcurso del proceso se han violado hasta once derechos fundamentales de sus clientes. Uno de los argumentos centrales de la defensa es la anulación de los mensajes de Whatsapp intercambiados entre los investigadores, ya que constituyen el origen y la prueba principal del caso. Estos mensajes fueron descubiertos por la Policía Nacional en los teléfonos móviles de dos agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional que estaban investigando a Cursach y que fueron detenidos.
Mientras que la acusación sostiene que los teléfonos fueron entregados voluntariamente por los agentes, el abogado Javier Barinaga, quien representa a Penalva y Subirán, afirma que uno de los agentes lo entregó durante los 21 minutos que permaneció detenido sin la presencia de un abogado.
Barinaga sostiene que toda la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional se enfoca en descubrir quién filtraba información a los periodistas sobre el caso Cursach. Según su argumento, la detención de los policías se produjo después de obtener los resultados de los teléfonos móviles de los periodistas. Sin embargo, estas acciones fueron declaradas ilegales y anuladas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior, lo que lleva a Barinaga a considerar que también se debe anular todo lo que ocurrió posteriormente. El abogado también alega que la Policía Nacional comenzó a investigar a Penalva y Subirán cuando las pesquisas del caso Cursach apuntaron hacia la cúpula de la Policía.
Durante la presentación de las cuestiones previas, el abogado también mencionó la contaminación de la instrucción y una investigación prospectiva. Además, criticó el papel del fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, alegando que participó en hechos por los que Subirán está imputado. Asimismo, solicitó que el actual fiscal, Tomás Herranz, sea apartado del caso.
El abogado de uno de los agentes acusados ha reiterado los mismos argumentos, al igual que el resto de los defensores. Pedro Horrach, en representación de uno de los agentes en el banquillo, sostiene que la única prueba en su contra son los registros de las llamadas entrantes en los teléfonos móviles de dos periodistas, los cuales fueron obtenidos de manera ilegal según dos sentencias judiciales. Por lo tanto, solicita la anulación de los mensajes de Whatsapp que, según afirma, fueron obtenidos mediante técnicas forenses sin la autorización del agente.
El fiscal Herranz ha respondido a las acusaciones de las defensas, enfatizando que Carrau nunca fue designado para dirigir esas investigaciones, aunque haya participado en ellas. El juicio se reanudará el miércoles con las cuestiones previas planteadas por las distintas partes acusadoras.
