Los representantes de los sindicatos de Justicia se encierran en el Ministerio dirigido por Pilar Llop para presionar a que inicie las negociaciones después de que el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, abandonara abruptamente la reunión, negándose a discutir las propuestas presentadas por los sindicatos.
En un movimiento de protesta contundente, los representantes de los sindicatos de Justicia se encierran en el Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop. El objetivo es presionar a la Ministra para que inicie las negociaciones, después de que el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, abandonara abruptamente la reunión, negándose a discutir las propuestas presentadas.
En un comunicado conjunto, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han dejado claro que no abandonarán el Ministerio hasta ser recibidos por una persona válida como interlocutora, dispuesta a negociar y a dejar de lado las propuestas que consideran ofensivas para la dignidad de los trabajadores del sector. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de un compromiso de negociación que el nuevo Gobierno, surgido tras las elecciones generales del 23 de julio, había prometido.
El comité de huelga ha expresado su descontento hacia Rodríguez, considerándolo un interlocutor inválido debido a su intransigencia, su falta de diálogo y su incapacidad para resolver conflictos. Por tanto, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que designe a otra persona capaz de negociar y tomar decisiones.
Los sindicatos han afirmado que continuarán con el conflicto y que utilizarán todas las formas de presión necesarias durante este encierro. Mientras tanto, la respuesta del Ministerio de Justicia ha sido declarar que seguirá trabajando por el diálogo una vez que los nuevos gobiernos central y autonómicos estén establecidos y se cree un marco de negociación estable y calmado.
Entre las demandas de los funcionarios se encuentran mejoras salariales de entre 350 y 430 euros, después de los acuerdos retributivos alcanzados con letrados de la administración de Justicia, jueces y fiscales. Sin embargo, con el Congreso y el Senado disueltos, no se puede aprobar ninguna norma con rango de ley, incluida la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que es una de las principales reivindicaciones de los huelguistas.
El Ministerio ha asegurado que negociará el nuevo Anteproyecto de Ley antes de que comience su tramitación parlamentaria, una vez que las nuevas Cortes Generales estén constituidas y se forme un nuevo Gobierno. Sin embargo, el comité de huelga ha rechazado esta oferta, considerándola una burla y totalmente insuficiente después de más de mes y medio de movilizaciones.
Los funcionarios exigen que se inicie el proceso de negociación de manera efectiva y la intervención del Ministerio de Hacienda y Función Pública en las conversaciones sobre cuestiones económicas. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha expresado su preocupación por el grave perjuicio que esta huelga está causando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector de Justicia. Sin embargo, los funcionarios consideran que no tienen otra opción y responsabilizan al Gobierno de esta situación.
Desde el inicio de las movilizaciones el 17 de abril, el conflicto ha provocado la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los datos proporcionados por los sindicatos. Este miércoles al mediodía, los funcionarios volverán a manifestarse frente al Ministerio de Justicia, donde ya se han llevado a cabo numerosas protestas.
