Las familias en Valencia pueden anular suspensos por falta de información en clases en valenciano
En la Comunidad Valenciana, la falta de información publicada en los tablones de anuncios de los centros educativos sobre las horas de clase en valenciano, castellano e inglés está dando lugar a reclamaciones por parte de las familias de los alumnos. Estas reclamaciones, según varias fuentes de la comunidad educativa, incluso pueden llevar a la anulación del suspenso de los hijos en las asignaturas correspondientes. Aunque exista esta posibilidad legal, muchos progenitores se muestran reacios a utilizarla debido al temor a posibles represalias.
Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de AMPA (Covapa), ha advertido repetidamente sobre esta situación. Sin embargo, muchas familias no se atreven a dar el paso necesario por miedo a las consecuencias. No se trata exclusivamente de un recurso utilizado por motivos del idioma, ya que existen precedentes de otras situaciones similares. Un docente, que ha preferido mantener el anonimato, explica que cuando un padre desea que su hijo sea aprobado sin mérito, el único recurso accesible es alegar un defecto de forma administrativo o en la información.
La actual coyuntura, relacionada con la inmersión lingüística según varias asociaciones de familias y docentes, ha llevado a que los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) en la Comunidad Valenciana no se hayan comunicado de manera habitual. «La Administración no puede demostrar que los padres hayan sido informados antes de la admisión de que ha habido cambios en los PLC», afirman. Esto abre la posibilidad de que los alumnos obtengan la aprobación sin cumplir con los requisitos habituales. Algunos profesionales del sector incluso sugieren que podrían surgir despachos de abogados especializados en gestionar estos casos, similar a lo que ocurrió con las cláusulas suelo en el ámbito financiero. Sin embargo, la mayoría prefiere que la superación de una materia esté basada en los méritos y el aprendizaje, y no en estos subterfugios.
Alberto Martínez, de la plataforma alicantina Idioma y Educación, opina que esto socava el modelo de evaluación y calificación en su totalidad. En lugar de adentrarse en este camino poco pedagógico, muchos miembros de la comunidad educativa sugieren un cambio en la normativa, permitiendo la elección de la lengua vehicular de manera transparente. La derogación de la Ley de Plurilingüismo se considera una opción viable. «Esperamos que el nuevo Gobierno de la Generalitat derogue la Ley de Plurilingüismo y ponga fin a este problema», señala Sonia Terreros. Alberto Martínez coincide en que es necesario brindar opciones a los padres y, en caso de reclamaciones, tal vez sea necesario recurrir a la Justicia ordinaria, lo cual va en contra de la propia educación y en un momento de cambio de gobierno.
La judicialización de esta cuestión es una hipótesis respaldada por la presidenta de Covapa. Aunque se puedan alegar argumentos legales, el resultado de las resoluciones puede estar influenciado por el partido político en el poder. Algunas familias ya han tomado medidas legales para presentar recursos contra la mencionada norma del plurilingüismo, contando con el asesoramiento jurídico gratuito de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística.
