En un evento reciente organizado por el Consejo General de Agentes Inmobiliarios de España y el Colegio Oficial y la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid, los juristas expresaron su preocupación con respecto a las modificaciones introducidas por la nueva ley de vivienda en el ámbito de los desalojos por impago de alquiler.
Consideran que estas modificaciones están diseñadas para convertirse en una prórroga encubierta de los contratos de arrendamiento.
Durante el evento, los juristas criticaron las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, afirmando que se requerirá un tiempo excesivo para recuperar la posesión de una vivienda en los casos de desahucio. Ahora recaerá en el arrendador la carga de la prueba de todos los requisitos necesarios, como la residencia habitual del arrendatario, la vulnerabilidad social, los intentos de conciliación o mediación previa, y si el arrendador es o no un gran tenedor de propiedades.
Esta situación está generando una gran inseguridad jurídica en el mercado de alquiler residencial, lo que puede provocar un desplazamiento de las propiedades hacia otras soluciones de alquiler, como el alquiler por temporada o vacacional. Como consecuencia, esto dificultará el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.
Según los juristas, estos son algunos de los perjuicios que creará la nueva Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. Argumentan que la ley impone «limitaciones a los propietarios» y «perjudica el funcionamiento y las garantías para los consumidores en términos de acceso a la vivienda».
José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, también participó en el evento y advirtió que esta ley «genera inseguridad jurídica, carece del rigor técnico para implementar adecuadamente sus efectos y debería ser derogada debido a los efectos que ya está produciendo, como la restricción del mercado de alquiler, el aumento de los precios o la reducción de la promoción de viviendas protegidas».
Además, anunció que la región de Madrid no declarará zonas de mercado tensionado, ya que eso corresponde a la competencia de urbanismo y vivienda autonómica, invadida por la nueva ley.
Por su parte, María José Piccio-Marchetti Prado, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, destacó que la política de vivienda en la región es diferente a la ofrecida por la ley estatal. Subrayó la promoción de un fácil acceso a la vivienda en la región, como se refleja en el Plan Alquila.
