El pleno del Parlamento Europeo ha emitido una solicitud a la Comisión Europea para que promueva una legislación que prohíba las prácticas no remuneradas y asegure la calidad de los períodos de prácticas en toda la Unión Europea, con el objetivo de prevenir la explotación de los becarios.

Esta iniciativa, respaldada por la Eurocámara, busca establecer estándares mínimos de calidad y abordar aspectos como la duración de las prácticas, la remuneración y la protección social, todo ello en concordancia con la legislación nacional.
El informe aprobado, con una amplia mayoría de 404 votos a favor, 78 en contra y 130 abstenciones, insta a la Comisión a proponer una directiva que mejore el marco existente y garantice prácticas de calidad. Además de solicitar una compensación adecuada para los becarios, el informe destaca la importancia de cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y transporte, considerando el costo de vida en cada Estado miembro.
Asimismo, se hace hincapié en la accesibilidad de las prácticas para personas con discapacidad y aquellos en situaciones vulnerables, alentando la promoción de prácticas transfronterizas. Los eurodiputados también demandan que la Comisión revise el marco de calidad existente y establezca normas vinculantes para los países de la UE.
Alícia Homs, eurodiputada socialista y ponente del informe, subraya que «los becarios realizan un trabajo real y, por lo tanto, deben recibir un trato y una remuneración acorde a su labor. Ha llegado el momento de dejar de abusar de ellos como mano de obra barata o gratuita». A pesar de contar con el respaldo mayoritario de la Eurocámara, Homs lamenta la abstención del Partido Popular español, señalando la incoherencia de su discurso respecto a la precariedad de los becarios.
La solicitud de la Eurocámara para una ley europea destinada a combatir la explotación de los becarios refleja una clara preocupación por su bienestar y derechos laborales. Si se implementa adecuadamente, esta legislación podría marcar un paso importante hacia prácticas más justas y equitativas en toda la Unión Europea, garantizando que los becarios sean tratados de manera adecuada y justa en sus lugares de trabajo.