En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat de Cataluña por un caso de diagnóstico erróneo que ha afectado gravemente a un tutelado.
Durante catorce años, la Administración mantuvo al individuo bajo un diagnóstico equivocado de deficiencia mental, cuando en realidad sufría de dislexia. Solo al final de este largo periodo se pudo identificar correctamente su condición y proporcionarle el tratamiento adecuado.
El caso destaca la importancia de un diagnóstico preciso y de un tratamiento adecuado para las personas tuteladas. La Administración está obligada a realizar una tutela diligente, garantizando el bienestar y el desarrollo de quienes están bajo su cuidado. En este caso, la Generalitat ha sido declarada culpable de un «ejercicio anormal» de sus funciones tutelares y de causar un daño antijurídico al tutelado.
El expediente de internamiento del afectado se inició en 1983, cuando solo tenía cuatro años. La Dirección General de Protección y Tutela de Menores de la Generalitat realizó una exploración psicológica que llevó a un diagnóstico de deficiencia mental. A lo largo de los años, el niño fue internado en varios centros especializados y se le suspendió la guardia y custodia de sus padres.
En 1997, la Fundación Tutelar Catalana de Disminuidos solicitó su incapacitación basándose en el diagnóstico de deficiencia mental global. Un año después, el Juzgado de Primera instancia número 3 de Lleida declaró la incapacidad y la fundación asumió su tutela. Sin embargo, en el año 2000, un informe del director técnico y psicológico del centro de internamiento descartó la discapacidad psíquica y diagnosticó la dislexia como el verdadero problema del tutelado.
A pesar de este cambio en el diagnóstico, pasaron once años más hasta que se resolvió el proceso para reintegrar la capacidad del tutelado. Durante ese tiempo, su estado no era propiamente de retraso mental, sino de falta de estimulación. El afectado reclamó la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero su petición fue desestimada en parte debido a la falta de pruebas sobre el daño efectivamente causado por el error en el diagnóstico.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha determinado que el tutelado sufrió un daño antijurídico debido al funcionamiento anormal de las funciones tutelares durante su infancia, una etapa crucial para su desarrollo personal. Según los jueces, un diagnóstico adecuado de dislexia habría mejorado sus condiciones de vida y oportunidades.
Aunque el tribunal reconoce la responsabilidad de la Administración, no ha accedido a la petición económica del tutelado de 650.000 euros. Los magistrados consideraron que no se aportaron pruebas suficientes para determinar el porcentaje aproximado de posibilidades de una mayor curación del trastorno de aprendizaje de haberse diagnosticado correctamente. Como resultado, se ha impuesto una indemnización de 50.000 euros, más intereses legales, como compensación por el daño sufrido.
Este caso pone de relieve la importancia de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, así como la responsabilidad de la Administración de garantizar una tutela diligente. Es esencial aprender de estos errores para evitar situaciones similares en el futuro y asegurar que las personas tuteladas reciban el cuidado y el apoyo necesarios para su pleno desarrollo.
