El derecho al olvido digital es un concepto legal que establece el derecho de las personas a controlar la difusión de su información personal en Internet y solicitar su eliminación o desindexación de los motores de búsqueda. Este derecho surge como respuesta al crecimiento exponencial de la cantidad de información personal disponible en línea y su permanencia en el tiempo, lo que puede tener repercusiones negativas en la privacidad y la reputación de las personas.
El derecho al olvido digital se fundamenta principalmente en el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la privacidad, reconocidos en diferentes instrumentos internacionales y leyes nacionales de protección de datos. A nivel europeo, la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) ha sido determinante en el desarrollo y reconocimiento de este derecho.
La CJUE estableció en el caso Google Spain vs. Mario Costeja González en 2014 que los buscadores de Internet, como Google, pueden ser considerados como «responsables» del tratamiento de datos personales y, por lo tanto, deben cumplir con las normas de protección de datos. Además, la CJUE reconoció el derecho de los individuos a solicitar la eliminación de enlaces a información personal en los resultados de búsqueda si dicha información es inexacta, no pertinente o ya no es relevante.
Es importante tener en cuenta que el derecho al olvido digital no es absoluto y debe equilibrarse con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por tanto, los tribunales y las autoridades encargadas de la protección de datos deben realizar un análisis caso por caso para determinar si la eliminación de información es justificada.
En la Unión Europea, se ha desarrollado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en 2018 y establece el marco legal para la protección de datos personales. El RGPD reconoce expresamente el derecho al olvido y establece que las personas tienen derecho a solicitar la eliminación de datos personales cuando ya no sean necesarios, se haya revocado el consentimiento o se haya tratado ilegalmente.
En conclusión, el derecho al olvido digital es un derecho legalmente reconocido que permite a las personas controlar la difusión de su información personal en Internet. Este derecho se basa en el derecho a la protección de datos personales y la privacidad, y su aplicación se realiza a través de la jurisprudencia y las leyes nacionales e internacionales de protección de datos. Sin embargo, es necesario realizar un análisis cuidadoso para equilibrar este derecho con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información.
Para ejercitar el derecho al olvido digital, es importante seguir los procedimientos y mecanismos establecidos por las leyes y regulaciones de protección de datos en cada jurisdicción. A continuación, se presentan los pasos generales que pueden ser seguidos para ejercer este derecho:
Identificar la información
Identificar de manera precisa y específica la información personal que se desea eliminar o desindexar de los motores de búsqueda. Esto puede incluir nombres, direcciones, fotografías u otro tipo de datos personales que se consideren inexactos, no relevantes o ya no pertinentes.
Determinar la base legal
Conocer la legislación aplicable a la protección de datos personales en la jurisdicción correspondiente. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece el marco legal para el derecho al olvido, mientras que en otros países pueden existir leyes específicas de protección de datos que regulen este derecho.
Identificar al responsable del tratamiento de datos
Determinar qué entidad es responsable del tratamiento de los datos personales en cuestión. En el caso de los motores de búsqueda, como Google, se consideran responsables del tratamiento de datos y son los encargados de gestionar las solicitudes relacionadas con el derecho al olvido.
Presentar una solicitud
Una vez identificado el responsable del tratamiento de datos, se debe presentar una solicitud formal para ejercer el derecho al olvido. Esta solicitud debe incluir la información detallada sobre los datos personales que se desean eliminar, las razones por las cuales se solicita la eliminación y cualquier otra información relevante según lo requerido por la legislación aplicable.
Proporcionar pruebas y justificaciones
Es posible que se requiera proporcionar pruebas o justificaciones que respalden la solicitud de eliminación de los datos personales. Esto puede incluir documentos, enlaces, capturas de pantalla u otra evidencia que demuestre la inexactitud, irrelevancia o falta de pertinencia de la información en cuestión.
Seguir los procedimientos establecidos
Es fundamental seguir los procedimientos y plazos establecidos por el responsable del tratamiento de datos para el procesamiento de la solicitud. Esto puede implicar completar formularios específicos, enviar documentación adicional o cumplir con otros requisitos establecidos por el responsable del tratamiento.
Revisar la respuesta
Una vez que se haya presentado la solicitud, el responsable del tratamiento de datos deberá proporcionar una respuesta a la solicitud de derecho al olvido. Es importante revisar cuidadosamente esta respuesta y evaluar si se ha cumplido adecuadamente con la solicitud o si se requiere tomar acciones adicionales.
Recurrir a las autoridades de protección de datos
En caso de que el responsable del tratamiento de datos no haya cumplido adecuadamente con la solicitud o si existen discrepancias en relación con el derecho al olvido, es posible recurrir a las autoridades de protección de datos competentes. Estas autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos y pueden intervenir en caso de incumplimiento.
Es importante tener en cuenta que el proceso y los procedimientos pueden variar en función de la legislación de cada país y la política específica del responsable del tratamiento de datos. Por lo tanto, es recomendable consultar la legislación y los recursos proporcionados por las autoridades competentes en materia de protección de datos para obtener información precisa y actualizada sobre cómo ejercer el derecho al olvido digital en una jurisdicción específica.
La agencia española de protección de datos
Como ya se ha comentado, el derecho al olvido te habilita para eliminar cierto contenido de internet. Pues bien, nuestra Agencia Española usa el marco legal para recordarte que sólo se puede ejercer este derecho en determinadas circunstancias. En primer lugar, si los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. También, si el tratamiento de los datos personales se basó en el consentimiento otorgado por el titular, y este consentimiento es revocado, siempre y cuando no exista otra base legal que legitime dicho tratamiento. Si el titular se ha opuesto al tratamiento de sus datos personales ejerciendo su derecho de oposición, y el tratamiento se basaba en el interés legítimo o en el cumplimiento de una misión de interés público, sin que existan motivos prevalentes para justificar dicho tratamiento.
Evidentemente si los datos personales son utilizados para fines de publicidad directa, incluyendo la elaboración de perfiles relacionados con dicha mercadotecnia. Si los datos personales han sido tratados de manera ilícita. Si la supresión de los datos personales es necesaria para cumplir con una obligación legal establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable a la persona responsable del tratamiento.
Y, finalmente, si los datos personales han sido obtenidos en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información dirigidos a menores, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 1.
Es importante destacar que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece una conexión entre el derecho de supresión y el denominado «derecho al olvido». En este sentido, el RGPD amplía el derecho de supresión para que la persona responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligada a notificar a otros responsables del tratamiento que estén tratando dichos datos que eliminen cualquier enlace, copia o réplica de los mismos.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este derecho no es absoluto. Existen casos en los que puede no proceder la supresión de datos cuando el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información, cumplir con una obligación legal, llevar a cabo una misión de interés público o ejercer poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento. Además, existen situaciones en las que se permite el tratamiento de datos por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, fines de archivo de interés público, investigación científica o histórica, fines estadísticos, así como para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En conclusión, el derecho de supresión («al olvido») es un derecho fundamental en el ámbito de la protección de datos. Su ejercicio permite a los individuos tener un mayor control sobre sus datos personales. Sin embargo, su aplicación está sujeta a ciertas limitaciones con el objetivo de equilibrar este derecho con otros intereses legítimos y garantizar un tratamiento adecuado de los datos en diferentes contextos.
