En una impactante situación laboral, la empresa Grupo Konecta BTO ha sido acusada de obligar a sus teleoperadores a seguir trabajando junto al cadáver de una compañera fallecida de forma inesperada.
La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Superior de Madrid que inicie una investigación sobre los hechos.
Según la denuncia presentada por los sindicatos CGT y UGT, el pasado día 13 una empleada, de nombre Inmaculada, perdió la vida mientras desempeñaba sus funciones en el puesto de trabajo de la empresa Grupo Konecta BTO, ubicada en la calle San Romualdo, en San Blas-Canillejas. En lugar de tomar las medidas adecuadas, la empresa obligó al resto de los teleoperadores a continuar atendiendo llamadas, argumentando que se trataba de un servicio esencial.
La noticia del fallecimiento se propagó entre los trabajadores a través de mensajes de WhatsApp confusos, generando incredulidad y desconcierto. «Inma no estaba sola, la plataforma bullía como cualquier otro día y poco a poco todos y todas se sumieron en el desconcierto. Al conocer la noticia por confusos WhatsApp no dábamos crédito ‘está tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas’. ¿Estáis cogiendo llamadas?»; «sí, nos dicen que sigamos cogiendo llamadas», explicaron algunos empleados.
Los sindicatos han criticado enérgicamente que, en lugar de permitir que el personal se retirara y regresara a casa, se les obligara a trabajar «más de dos horas con la compañera fallecida presente». Esta actitud insensible por parte de la empresa ha generado indignación y condena.
Además de expresar sus condolencias por la tragedia, los sindicatos han exigido a la empresa que establezca un protocolo de actuación en caso de fallecimiento en el lugar de trabajo, ya que hasta el momento no existía ninguno. La asociación Defensor del Paciente ha resaltado que estos hechos son «gravísimos» y constituyen «un delito impronunciable».
La situación descrita ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha suscitado la indignación generalizada. Las demandas de investigación y acciones legales en contra de la empresa responsable están aumentando, ya que esta violación de los derechos y la dignidad de los teleoperadores es inaceptable.
