El Ministerio de Transportes y el sector del taxi están trabajando en un decreto-ley con el objetivo de establecer nuevas limitaciones a las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC).
Esta medida surge como respuesta al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitido recientemente, que permite a las empresas de VTC obtener nuevas licencias más allá del ratio 1/30, es decir, más de una licencia VTC por cada 30 de taxi.
En este sentido, el Ministerio de Transportes, encabezado por el secretario de Estado David Lucas, ha estado en conversaciones con la patronal Antaxi y el antiguo Ministerio de Fomento para acordar una regulación que evite una avalancha de nuevas licencias para las empresas que operan con Uber, Cabify y Bolt. Se espera que el texto final del decreto se cierre en una reunión que tendrá lugar mañana.
Los taxistas han amenazado con movilizarse en Madrid si no se atienden a sus peticiones, pero el Ministerio de Transportes ha logrado calmar las aguas, destacando la buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo lo antes posible. Se subraya que las medidas que se implementen en la norma afectarán exclusivamente al transporte interurbano, siendo las comunidades y ayuntamientos los responsables de regular las condiciones para la circulación de las VTC en el ámbito urbano.
Aunque las negociaciones muestran cierta disposición, Antaxi señala que las posturas con Transportes siguen distantes, por lo que las movilizaciones previstas para el jueves se mantienen en pie.
Aunque aún no se ha detallado el contenido específico de la norma, se espera que esta sirva para sortear la sentencia del TJUE que concluyó que la limitación estatal de una licencia VTC por cada 30 de taxi viola el derecho europeo. Esta decisión abre la posibilidad de que las compañías asociadas a Uber, Cabify y Bolt puedan acceder a más licencias y aumentar sus flotas en las principales ciudades españolas.
Ante estas intenciones del Gobierno, las asociaciones de VTC han enviado una carta a la Comisaria Europea de Transportes, Adina Vălean, solicitando su intervención antes de que se tomen medidas que contradigan la reciente sentencia del TJUE. En la carta, explican que el decreto-ley propuesto por el Gobierno no podría ser impugnado directamente por particulares, empresas o Autoridades de Competencia, dejando así a las empresas de VTC en una situación de indefensión. Asimismo, expresan su preocupación por el hecho de que las autoridades regionales y municipales en España puedan regular las condiciones para la circulación de las VTC, lo cual consideran perjudicial para su industria.
Además, las empresas de VTC critican que el Gobierno apruebe esta medida de manera urgente para evitar al Tribunal, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis justo antes de las elecciones nacionales. Consideran incomprensible que no se haya tenido en cuenta la opinión de los representantes de las VTC, lo que sugiere que la nueva regulación propuesta por Transportes tiene como objetivo proteger los intereses económicos de los taxis en detrimento de las VTC.
La sentencia del TJUE también desbloquea miles de solicitudes de licencias VTC que habían sido rechazadas anteriormente bajo la normativa vigente. Antaxi afirma tener conocimiento de más de 130,000 solicitudes de VTC en España, y esta cifra ha aumentado significativamente después del fallo del TJUE.
El origen de la sentencia se encuentra en las múltiples denuncias presentadas por las empresas de VTC contra las estrictas restricciones impuestas por el ayuntamiento de Barcelona a su actividad. El consistorio exigía una licencia municipal adicional para estas empresas en toda el área metropolitana de Barcelona, así como otras limitaciones. Una de las filiales de Cabify, Prestige and Limousine, S. L. (P&L), presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) argumentando que las restricciones obstaculizaban su actividad con el objetivo de proteger los intereses del sector de los taxis. El caso fue elevado al TJUE, que finalmente falló a favor de las empresas de VTC.
En la actualidad, España cuenta con 18,490 licencias VTC registradas, en comparación con las 60,300 licencias de taxi. Estas cifras reflejan una gran diferencia en el ratio establecido por la ley. Las asociaciones de VTC argumentan que esto demuestra la escasez de alternativas de transporte en las principales ciudades españolas en comparación con otras capitales europeas. Por ejemplo, en Londres hay 10.1 VTC y taxis por cada 1,000 habitantes, en Ámsterdam 8.5, en Lisboa 5.7 y en París 5.5. En Barcelona, la cifra es de 3.5 licencias por cada 1,000 habitantes.
