La ley de eutanasia ha cumplido dos años desde su entrada en vigor el 25 de junio de 2021. Aunque es considerada una norma necesaria por Derecho a Morir Dignamente (DMD), la entidad civil referente en esta causa, el balance de su aplicación es agridulce.
Según los datos proporcionados por las administraciones, aproximadamente 370 personas han accedido a la ayuda a morir entre junio de 2021 y diciembre de 2022, lo que se considera una buena noticia. Sin embargo, se estima que más de 1,000 personas han formulado solicitudes que no han podido ser atendidas debido a diversos problemas de implementación de esta nueva y compleja normativa, que algunas comunidades han tardado en aplicar.
En los primeros seis meses después de su entrada en vigor, comunidades como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha no autorizaron ninguna eutanasia, lo que evidencia una implementación lenta de la ley, según denunció Fernando Marín, médico y activista de DMD, durante la presentación del balance de dos años de la ley. No obstante, es importante tener en cuenta que los datos disponibles son escasos, heterogéneos y no oficiales en su mayoría, lo que dificulta un análisis preciso de los problemas puntuales o estructurales en la aplicación de la normativa.
Se observa una disparidad en la velocidad de aplicación de la ley en diferentes regiones. Por un lado, Navarra, Euskadi y Cataluña destacan por haber practicado más de una eutanasia por cada 1,000 fallecimientos. Por otro lado, en lugares como Murcia, Extremadura o Galicia, la incidencia de muertes asistidas ha sido diez veces menor, representando poco más del 0.01%.
La diferencia en la aplicación de la ley radica en que las comunidades con mayor número de eutanasias han implementado protocolos de respuesta a las solicitudes, han capacitado a los profesionales sanitarios y han establecido sistemas de referencia a los que los médicos con dudas pueden acudir. Esto ha facilitado que se realicen más eutanasias en comparación con otras regiones donde los médicos no tienen claridad sobre el proceso, según denunció Fernando Sanz, médico y activista de DMD.
Entre los problemas de aplicación detectados, se destaca la falta de colaboración por parte de la sanidad privada, que en muchas ocasiones se niega a realizar la prestación y deriva a los pacientes a la sanidad pública, lo cual puede ser un obstáculo infranqueable. También se han observado demoras en el proceso de solicitud, que en teoría debería durar alrededor de 35 días. Además, algunos médicos, por desconocimiento o por objeción de conciencia, desaconsejan a los pacientes la eutanasia y los derivan a otros servicios como psicólogos o cuidados paliativos. Estos factores contribuyen a que algunos pacientes fallezcan antes de que se complete el trámite y a que algunas solicitudes nunca lleguen a la Comisión de Garantía.
DMD propone soluciones para mejorar la implementación de la ley, como contar con protocolos de respuesta en todos los centros sanitarios, eliminar la recomendación de que el médico consultor no haya tenido relación previa con el paciente, establecer sistemas de referencia en todas las comunidades y flexibilizar los plazos establecidos para la realización de la eutanasia.
A pesar de los fallos detectados, DMD afirma que la aplicación de la ley no ha sido una catástrofe y que, una vez avalada por el Tribunal Constitucional, la eutanasia se irá consolidando entre la ciudadanía con una mejor respuesta por parte de los servicios sanitarios. Siguiendo la experiencia de otros países que han despenalizado este derecho, se espera que en los próximos años haya un aumento en el número de eutanasias y una reducción en las solicitudes no atendidas.
En conclusión, a dos años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, se ha registrado un número limitado de peticiones atendidas en comparación con el total de solicitudes formuladas. La implementación de la ley ha enfrentado desafíos en diferentes regiones de España, con disparidades en la velocidad de aplicación. A pesar de los problemas detectados, se espera que con mejoras en los protocolos y una mayor concienciación, la eutanasia se consolide como una opción más accesible para aquellos que así lo deseen y cumplan con los requisitos establecidos.
