En marzo de 2020, durante el estado de alarma y el confinamiento debido a la pandemia, el Ayuntamiento de Sevilla decidió alojar a más de 120 personas sin techo en un hostal para evitar que estuvieran en la calle en un momento en el que el coronavirus estaba causando estragos y salir de casa estaba prohibido.
Sin embargo, la convivencia en el establecimiento resultó ser extremadamente difícil y tanto los responsables del lugar como algunos de los alojados la describieron como «un infierno». Ahora, la Fiscalía ha presentado cargos contra el gerente y el recepcionista del hostal por explotar a varios de los residentes.
La acusación pública ha solicitado una condena de un año y medio de prisión para A.G.N., el gerente y administrador del hostal, y S.G.C.M., el recepcionista y mano derecha del gerente, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Según la calificación provisional presentada, los hechos ocurrieron entre marzo y julio de 2020. El negocio había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para albergar a personas sin recursos económicos ni empleo, y el propietario y el acusado contrataron a algunos de ellos imponiéndoles condiciones laborales y de Seguridad Social abusivas, violando sus derechos reconocidos por la ley.
En el inicio del juicio, el gerente se declaró no culpable y argumentó que no había existido un convenio formal con el Ayuntamiento, sino que la empresa encargada de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales (Umies) había solicitado alojamiento y en pocas horas se presentaron varias personas en el hostal. El coordinador de dicha Unidad confirmó que se trataba de 126 personas en riesgo de exclusión social, sin hogar, con problemas de adicción, enfermedades mentales y en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento pagaba al hostal unos 40 euros por cada alojado, cubriendo los gastos de residencia, alimentación y lavandería.
El gerente describió a los residentes como personas que llevaban años sin acceso a condiciones básicas de higiene y que algunos de ellos se ofrecieron voluntariamente para realizar tareas del hostal a cambio de dinero para sus necesidades. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó duramente la conducta de los acusados y resaltó que se aprovecharon de la vulnerabilidad de los residentes, negándoles sus derechos laborales y engañándolos con altas falsas en la Seguridad Social.
Durante el juicio, tres presuntas víctimas testificaron en contra de los acusados, alegando que se les hizo firmar contratos laborales que creían legales, pero posteriormente descubrieron que nunca estuvieron dados de alta en la Seguridad Social. Solo uno de ellos estuvo registrado, pero cotizó solo dos horas diarias a pesar de trabajar durante todo el día como cocinero. Los residentes recibían solo 100 euros a la semana por su trabajo. Uno de ellos fue hospitalizado debido a la inhalación de vapores químicos mientras realizaba tareas en el hostal, lo que llevó a él y a otros a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo y el Ayuntamiento. Demandaron justicia, afirmando que no merecían vivir en esas condiciones infernales.
El juicio continúa en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde se espera que se haga justicia en este caso de explotación laboral y vulneración de los derechos de los trabajadores en el hostal del Ayuntamiento.
