Los abogados sufren las consecuencias de la huelga en Justicia

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, sumada a la protesta de los funcionarios, ha generado una falta de actividad en diversas jurisdicciones que está colocando a buena parte de la profesión en una situación muy complicada debido a la disminución de sus ingresos.

Los abogados sufren las consecuencias de la huelga en Justicia

Si bien es evidente que el ciudadano es el más perjudicado por estas huelgas, es importante destacar que los abogados no pueden percibir honorarios si no hay actuaciones judiciales. El decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, explica esta situación preocupante y resalta que la huelga de los funcionarios parece interminable y sin visos de finalizar. Ante esta realidad, los 83 colegios de abogados de España se unirán en una concentración mañana para exigir un funcionamiento efectivo del sistema judicial.

Durante la concentración, los abogados lucirán sus togas y estarán acompañados por los procuradores, quienes también están padeciendo el mismo problema. Esta iniciativa, impulsada por el Consejo de la Abogacía, busca llamar la atención sobre la delicada situación económica que muchos abogados enfrentan desde enero y aprovechar para reivindicar la defensa integral del turno de oficio, el derecho a la conciliación y la desconexión digital, entre otros asuntos pendientes.

Cervantes respalda y comprende la postura de los funcionarios de Justicia en su prolongada protesta, especialmente considerando que los letrados de la Administración de Justicia lograron mejoras tras una intensa huelga de dos meses y una semana, mientras que los jueces y fiscales obtuvieron mejoras salariales con solo anunciar su intención de ir a huelga a mediados de mayo. Sin embargo, destaca que en este momento no tiene sentido mantener una huelga de estas características «con un gobierno en funciones y sin un interlocutor en el Ministerio de Justicia».

El decano del Colegio de Abogados defiende el derecho constitucional de los funcionarios a hacer huelga para presionar al Ministerio de Justicia, pero insiste en que en estos momentos no es productiva debido a las próximas elecciones generales y a la ausencia de interlocutores en el Ministerio hasta al menos septiembre. Por tanto, aunque encontrar una solución resulta complicado, considera que lo más acertado sería posponer la huelga hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

En cuanto a la situación de los letrados, Cervantes explica que algunos compañeros llevan sin cobrar desde finales de enero, y otros se han visto obligados a compartir espacio de trabajo para reducir costos debido a la imposibilidad de afrontar el alquiler de un despacho. Por ello, desde el Colegio de Abogados se demanda el restablecimiento de la normalidad en los juzgados y la reactivación de la actividad. La huelga de los funcionarios, que comenzó a mediados de abril, se ha intensificado debido a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Inicialmente, se iniciaron con paros parciales a determinadas horas y luego se convirtieron en una protesta indefinida que está provocando la paralización de gran parte de la actividad en los juzgados.

En este contexto, Cervantes destaca que la actividad se está viendo gravemente afectada, con juzgados que apenas celebran actuaciones, como los de lo Social 2 y 4, mientras que el Social número 1 asume toda la carga de trabajo. En la jurisdicción Civil, prácticamente todas las actividades se suspenden, y en la Penal, la situación varía entre los distintos juzgados, aunque en general se observa una paralización significativa con notables retrasos en múltiples casos. Divorcios, asuntos familiares y otros temas se han visto obligados a ser pospuestos hasta otoño.

Según Cervantes, la situación en los juzgados de Toledo es grave y extremadamente preocupante, ya que en condiciones normales ya se acumula una importante sobrecarga de trabajo, pero desde enero esta situación se ha agravado aún más y no hay una fecha clara para el retorno a la normalidad en la actividad judicial. Además, es evidente que, a menos que el Ministerio de Justicia implemente un plan de refuerzos, será imposible que los órganos judiciales asuman toda la carga de trabajo y atiendan a los asuntos pendientes para dar respuesta a la ciudadanía.

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