En España, más de 154.000 abogados tienen la obligación legal de contar con un seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión. Este seguro, que busca proteger frente a errores y posibles negligencias de los letrados, puede generar un movimiento en el mercado de más de 27 millones de euros al año.
Cada abogado paga una media de 175 euros anuales por su póliza, según datos oficiales.
Los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona son dos de los principales actores en este mercado. Ambos colegios destinan grandes sumas de dinero a las pólizas colectivas de responsabilidad civil de sus colegiados ejercientes. En el caso de Madrid, se gastarán casi cuatro millones de euros este año para proteger a sus 44.556 abogados. Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Barcelona destinará cerca de 3,5 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil de 17.256 colegiados.
En una reciente Jornada sobre la Responsabilidad Civil del Abogado celebrada en el colegio de Granada, los letrados destacaron la importancia de negociar estas pólizas colectivas para obtener las mejores condiciones en el seguro. Se recomendó a las corporaciones colegiales evitar las prácticas de cierre de mercado y presión por parte de algunos brókeres, que buscan mantener cautivo al colectivo.
Los abogados granadinos cuentan con una póliza colectiva que ofrece cobertura básica de hasta 1.100.000 euros por siniestro y asegurado, con una prima anual de 286 euros. Según Ana García, responsable de gestión de Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados de Granada, estas coberturas y precios serían difícilmente alcanzables en una póliza individual.
Las pólizas colectivas también permiten suscribir segundas capas de cobertura en función del riesgo de cada abogado, lo que aumenta la protección frente a posibles reclamaciones y se ajusta mejor al mercado del seguro. Algunas de las causas más comunes de reclamaciones por negligencia profesional incluyen el incumplimiento de plazos procesales, errores en la estrategia procesal y la falta de información al cliente.
Aunque la abogacía no teme un aumento de reclamaciones debido a las huelgas en la Administración de Justicia, sí se reconoce que estos paros pueden influir en el aumento de errores de agenda. La suspensión y posterior reprogramación de señalamientos judiciales puede provocar confusiones en las nuevas anotaciones de fechas.
Es importante destacar que la responsabilidad de un abogado por su ejercicio profesional es de medios, lo que significa que no garantiza un resultado favorable. Aunque el vigente Estatuto General de la Abogacía Española no establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil, el Código Deontológico de la Abogacía sí establece la necesidad de tener una cobertura adecuada a los riesgos que implica la profesión.
En cuanto al futuro del mercado de seguros de responsabilidad civil para abogados, factores como la cultura de reclamación, el incremento de la judicialización de los incidentes y el contexto inflacionista generan incertidumbre en estos productos de aseguramiento. Es necesario priorizar elementos cualitativos y contar con mediadores especializados en el sector para mejorar la gestión y garantizar una protección adecuada para los abogados.
