La digitalización ha tenido un impacto transversal en el mercado laboral, y el sector legal no ha sido una excepción.
La rápida transición digital que ha experimentado la sociedad en los últimos años ha llevado a los profesionales del ámbito legal a incorporar nuevos hábitos y herramientas digitales en su trabajo diario. Sin embargo, la transformación va más allá de la simple adopción de tecnologías, ya que también plantea retos y dilemas legales relacionados con la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas.
Ante este escenario, despachos y administraciones están buscando cada vez más profesionales que no solo estén familiarizados con el entorno legal de la era digital, sino que también cuenten con competencias en legal operations. Estos perfiles híbridos son capaces de aplicar la tecnología en los procesos legales cotidianos y comprender los nuevos dilemas que surgen con la aparición de estas tecnologías. Miguel González Inés, profesor del Máster en Legaltech de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), destaca la importancia de estos perfiles y cómo su demanda ha aumentado en el sector legal en los últimos años.
Las universidades también están respondiendo a esta demanda, adaptando sus programas de estudio para preparar a los futuros juristas de manera adecuada. Ya sea a través de la adaptación de los contenidos de las titulaciones clásicas, como el grado en Derecho, o mediante la creación de programas más especializados, las instituciones educativas se están esforzando por formar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la digitalización en el ámbito legal. Sin embargo, este proceso presenta ciertas dificultades, ya que la legislación aún no ha abarcado todos los posibles avances tecnológicos, lo que limita la rápida adaptación de la enseñanza universitaria convencional.
Carmen Florit, profesora de Derecho de la Universidad Europea, destaca que existen cada vez más másteres especializados y asignaturas optativas que abordan los aspectos legales de la digitalización en los grados de Derecho. Sin embargo, estos temas no están incluidos en los programas generales ni son contemplados por el Ministerio de Educación. A pesar de ello, los docentes toman en cuenta estos temas al impartir sus asignaturas. Para abordar esta brecha, algunas instituciones como el CEU han optado por crear programas de doble grado y añadir títulos propios en Derecho Digital e Innovación Tecnológica, con el objetivo de formar a los estudiantes en aspectos legales y tecnológicos, sin dejar de lado los principios generales del Derecho.
Esta transformación no solo afecta a los estudiantes, sino también al personal docente. En el CEU, se promueve el diálogo constante entre técnicos y juristas, y se cuenta con profesores que provienen tanto del ámbito legal como tecnológico. Los docentes existentes también han tenido que actualizarse y replantear sus métodos de enseñanza para adaptarse a este nuevo escenario.
Es fundamental que los estudiantes comprendan a fondo las nuevas tecnologías para poder abordar los problemas legales que pueden surgir. Uno de los aspectos más importantes es evaluar el grado de maduración de cada tecnología, ya que algunas están más avanzadas en términos de ciberseguridad y regulaciones, mientras que otras presentan desafíos y lagunas normativas. Uno de los dilemas legales más relevantes es el de la responsabilidad de los actos realizados por sistemas informáticos, como la inteligencia artificial. La atribución de responsabilidad tanto al programador como a la propia máquina plantea debates jurídicos complejos.
Carmen Florit señala que actualmente resulta complicado atribuir responsabilidad a una máquina en el contexto jurídico actual, pero opina que en un futuro próximo será necesario considerarlas como personas jurídicas, al igual que las empresas. Esta transformación legal está en camino y es probable que se convierta en ley en los próximos años.
En resumen, el sector legal está experimentando una creciente demanda de juristas con perfiles híbridos que puedan abordar con éxito los desafíos de la digitalización. La adaptación de los programas educativos y la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos legales y tecnológicos es fundamental para satisfacer las necesidades de un sector en constante evolución.
