Es de sobra sabido que en nuestro país se tiene a la figura de las casas de apuestas (en especial online) como una forma normalizada de ocio y de entretenimiento, lo cual da lugar a posicionamientos de muy diversa índole, todo ello englobado en el marco de que la ludopatía se caracteriza por ser una enfermedad en la que se da un sentimiento de fracaso crónico y progresivo a la hora de resistir el impulso de jugar a apostar dinero y, aun a sabiendas de que no todas las personas pueden desarrollar la adicción al juego (como ocurre, por ejemplo con el alcohol) sí es un tema lo suficientemente importante como para abordar los aspectos más importantes de su regulación jurídica.
No fue hasta el año 2011 cuando en nuestro país se reguló la actividad de las empresas de apuestas, con la Ley de Regulación del Juego 13/2011, de 27 de mayo, cuyo objetivo fue el de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas de carácter adictivo, así como proteger los derechos de los menores, siendo así que, el 4 de noviembre entró en vigor la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, que llevó a cabo diversas modificaciones de la referida Ley de Regulación del Juego y también produjo cambios en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificándose el cuerpo legal de la referida norma para llevar a cabo la protección de los consumidores y usuarios y a los participantes de los fraudes.
Asimismo, esta nueva normativa, introdujo un nuevo artículo que contenía principios generales para la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego y se impuso al Gobierno que se llevase a cabo un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
Se crea en este contexto señalado la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego), el órgano directivo dependiente del Ministerio de Consumo al que le corresponde ejercer funciones de regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y sanción de las actividades del juego que se desarrollen en nuestro país. Se elabora por este órgano además un informe anual de mercado de juego online a nivel estatal que trata de abordar el crecimiento o disminución de actividades como el bingo o el póquer en períodos temporales de un año.
Pero, sin duda, la medida más sonada en esta materia es la aprobación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego (más conocida como Ley Garzón), una norma que prohibió la publicidad online de juego de azar y casas de apuestas y que la restringió en medios como la televisión o la radio. Este Real Decreto consta de 37 artículos en los que se regula esa publicidad y promoción de juegos y casas de apuestas, tanto online como offline.
Se limitó así que, en medios como la televisión o la radio solo se permitiese la publicidad de casas de apuestas entre la 1.00 horas y las 5.00 horas de la madrugada (norma que también se aplica para la plataforma Youtube) y, en lo que respecta a la publicidad online de juegos de azar, la misma solo se puede mostrar en los portales de los operadores de juego, determinando también que, en relación a las redes sociales, solo podrán emitirse mensajes que contengan publicidad de las casas de apuestas a los seguidores concretos de la página o perfil de la misma.
Otra de las importantes novedades del referido Decreto es que ni futbolistas ni celebrities pueden aparecer en esa publicidad de casas de apuestas, lo cual supuso un impacto sobre todo en el ámbito de los equipos de fútbol, que a partir de la entrada en vigor de la normativa que tratamos no pudieron firmar contratos en los que se patrocinaran casas de apuestas.
Es este, en resumen, evidente que se trata de un tema controvertido, en el que existen muchos intereses de mercado y que da pie a diversas opiniones, en el que se ha buscado la protección de la salud y reforzar la seguridad jurídica de esta materia, pero que ha influido negativamente a diferentes sectores, mostrándose con la regulación disconformes las empresas de juego.
No debemos olvidarnos de que es una materia especialmente sensible que necesitaba de una regulación específica y de la creación de organismos concretos que llevaran a cabo control en la materia. Cuando está en juego la salud de las personas, toda norma que garantice derechos y que vele por el cumplimiento de estos, es necesaria.
El pasado 23 de marzo, las Cortes de Aragón aprobaron la nueva Ley del Juego en Aragón, la cual sustituirá a la normativa vigente desde el año 2000. ¿Quieres saber que cambios introduce la nueva Ley del Juego en Aragón? ¡Descúbrelo aquí!
