En una decisión tomada este martes, los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido poner fin a la huelga indefinida que habían mantenido desde el pasado 22 de mayo.
A pesar de no haber logrado entablar una negociación con el Ministerio de Justicia respecto a las mejoras laborales y salariales que demandaban, los cuatro sindicatos que convocaron el paro (CSIF, CC OO, UGT y STAJ) han optado por suspender la huelga debido, en gran medida, a la disminución considerable de participantes en los últimos días, principalmente debido al inicio del período de vacaciones.
No obstante, los trabajadores seguirán llevando a cabo otras formas de protesta, como dos jornadas de huelga programadas para los días 11 y 20 de julio, en plena campaña electoral, además de diversas concentraciones. Además, han dejado claro que retomarán las acciones de protesta una vez que se haya elegido el nuevo Gobierno.
El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno se inició en abril, cuando los trabajadores comenzaron a movilizarse para exigir un aumento salarial similar al que habían obtenido los letrados de la Administración de Justicia después de dos meses de huelga, lo que supuso un incremento de entre 430 y 450 euros al mes. Este éxito de los letrados se encuentra en el trasfondo de la huelga de los funcionarios judiciales. Sin embargo, en medio de este conflicto, surgió la amenaza de huelga por parte de los jueces y fiscales, lo que llevó al Gobierno a centrarse en este asunto con el fin de evitar una protesta por parte de un poder del Estado en plena campaña electoral. Además, la revisión de las remuneraciones de jueces y fiscales está regulada por ley y llevaba sin cumplirse durante 20 años. Los funcionarios fueron los perjudicados en esa negociación que finalizó con un acuerdo. El Ministerio de Justicia pospuso los contactos con los funcionarios hasta resolver el otro conflicto y posteriormente anunció que esperaría a que pasaran las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, la convocatoria de nuevas elecciones para el 23 de julio volvió a relegar las conversaciones con los funcionarios judiciales a un segundo plano.
Es importante destacar que los 45.000 funcionarios de justicia están orgánicamente vinculados al Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia, a excepción de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. A pesar de ello, los sindicatos han centrado sus reclamaciones en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio: el complemento general del puesto, que es una remuneración básica establecida por los Presupuestos Generales del Estado y está vinculada a las funciones desempeñadas por el funcionario, y la Ley de Eficiencia Organizativa, que estaba siendo tramitada por el Gobierno y quedó en suspenso con la disolución de las Cortes debido a la convocatoria de elecciones para el 23 de julio.
Durante este mes y medio de movilizaciones, solo se han celebrado tres reuniones con el Ministerio de Justicia, las cuales no han arrojado signos de acuerdo. Los funcionarios han llegado incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra, Pilar Llop, y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, alegando que han mantenido bloqueado el conflicto. En la declaración emitida este martes, los cuatro sindicatos vuelven a criticar duramente al Gobierno, al que acusan de adoptar una actitud «cobarde» y «ausente».
«El amplio impacto público de las movilizaciones es una prueba de que contamos con el apoyo de la sociedad, pero el calendario ha jugado a favor de aquellos que se escabullen por la puerta trasera», señalan los sindicatos, quienes explican que la llegada del período estival y las vacaciones ha provocado una «lógica disminución» en la participación de la huelga indefinida, motivada por la necesidad de descanso y, en muchos casos, la necesidad de conciliar responsabilidades personales. Además, lamentan la agotadora carga económica que supone una movilización de tan largo alcance, algo que ninguna familia ni trabajador puede soportar indefinidamente. En consecuencia, han decidido dar por finalizada la huelga indefinida, posponiéndola hasta que se establezcan las nuevas Cortes y se forme un nuevo Gobierno con «nuevas personas responsables en Justicia».
