En su cuarto informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, la Comisión Europea ha emitido una nueva amonestación a España por el bloqueo del Poder Judicial.
En el informe presentado por la Comisión Europea, se resalta la necesidad de cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas sugiere que sean los propios jueces quienes elijan a sus pares en el órgano de gobierno, en lugar de depender de los miembros del Congreso y del Senado, como sucede actualmente. Esta propuesta busca fortalecer la separación de poderes y garantizar la independencia del Poder Judicial en España.
La falta de renovación del Consejo del Poder Judicial y la no adopción de medidas para abordar esta situación son motivos de preocupación para la Unión Europea. Según el informe, debido a la falta de renovación, el 30% de los puestos en el Tribunal Supremo se encuentran vacantes, lo que afecta el funcionamiento del sistema judicial en España.
El Gobierno español ha responsabilizado al Partido Popular de esta situación de bloqueo. En el informe se destaca que es inusual que se señale abiertamente a la oposición como el principal problema del Estado de Derecho de un país. Esto refleja la profunda preocupación de Bruselas por el incumplimiento sistemático de la Constitución por parte del Partido Popular.
El informe también señala un problema de separación de poderes en relación con la figura del fiscal general del Estado. Según Bruselas, no se han tomado medidas para fortalecer el estatuto del fiscal general y garantizar su independencia del Gobierno. Actualmente, el fiscal general es nombrado por el presidente del Ejecutivo y su mandato finaliza junto con el del político en turno, lo que genera dependencia. Se sugiere ampliar el mandato del fiscal general a cinco años para evitar la coincidencia con los períodos políticos.
Otro aspecto destacado en el informe es la necesidad de mejorar la lucha contra la corrupción en España. Se insta al país a abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel, con el objetivo de aumentar la eficiencia en este ámbito. Aunque el informe no menciona explícitamente la modificación del delito de malversación, se subraya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desdoblado este delito en dos, reduciendo la pena cuando no implica ánimo de lucro.
El informe de la Comisión Europea también pone de relieve la falta de transparencia en algunas áreas. Se menciona que las normas sobre conflicto de intereses de los altos cargos ejecutivos no están implementadas adecuadamente. Además, se destaca la falta de cambios en la ley que regula la financiación de los partidos políticos, a pesar de la solicitud del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la transparencia del legislativo, aunque existen salvaguardas para garantizar la consulta sobre propuestas de ley elaboradas por el Gobierno, se muestra preocupación por ciertas prácticas en el Parlamento que podrían afectar la calidad de la legislación.
A pesar de estas debilidades, el informe también reconoce algunas fortalezas del sistema legal español, como los avances en el acceso a un abogado y el fortalecimiento del marco de justicia gratuita.
