La Justicia europea ha tomado una decisión trascendental al retirar la inmunidad al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, así como a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.
Esta medida se llevó a cabo tras la petición del Tribunal Supremo español y ha sido avalada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
Carles Puigdemont ha manifestado su intención de recurrir esta sentencia, sin proporcionar más detalles sobre su posible regreso a España. Por su parte, el Gobierno español ha celebrado este fallo y ha instado a Puigdemont a comparecer ante la Justicia.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha estado esperando la decisión del TGUE para avanzar en el proceso de extradición de los políticos independentistas que huyeron a Bruselas, un proceso que hasta ahora había encontrado dificultades. La resolución europea fortalece la posición del magistrado español, ya que rechaza los argumentos presentados por los políticos independentistas contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar la solicitud del Tribunal Supremo.
Los jueces de Luxemburgo han considerado que el proceso judicial contra Puigdemont no fue iniciado con la intención de perjudicar su actividad como eurodiputado, ya que su procesamiento por el «procés» tuvo lugar en marzo de 2018, más de un año antes de que obtuviera su escaño en el Parlamento Europeo.
El siguiente paso ahora corresponde al juez Llarena, quien debe decidir si reactiva las solicitudes de extradición de inmediato o espera a la resolución del recurso que Puigdemont presentará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cabe destacar que la pérdida de inmunidad no garantiza automáticamente la extradición, ya que Bélgica tendrá que analizar nuevamente la solicitud, esta vez solo por malversación de fondos, una vez derogado el cargo de sedición. Hasta ahora, el Tribunal Supremo español ha fracasado en sus cuatro intentos anteriores de traer de vuelta al ex presidente catalán a España.
Mientras esperan la decisión de Llarena, Puigdemont, Ponsatí y Comín han anunciado que continuarán luchando y apelarán ante el TJUE, que es la instancia superior. Tienen un plazo de dos meses para presentar su recurso, y Luxemburgo deberá emitir una decisión definitiva en los siguientes seis meses.
El tribunal también ha desestimado el argumento de parcialidad del eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, miembro del grupo político de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que pertenece Vox. Los jueces señalan que el proceso de selección del eurodiputado encargado de redactar la propuesta se realiza en igualdad de condiciones y reconocen que ningún miembro del Parlamento Europeo es políticamente neutral debido a su naturaleza política.
De manera similar, el TGUE ha rechazado la alegación de falta de imparcialidad por parte del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, quien pertenece a Ciudadanos. El tribunal sostiene que la imparcialidad del presidente no puede evaluarse en función de su ideología política o de pertenecer a un partido en particular.
Esta decisión del TGUE contrasta con la tomada el año pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que devolvió de forma provisional la inmunidad a Puigdemont y que ahora le ha sido retirada nuevamente. En aquella ocasión, los jueces del TJUE consideraron que Dzhambazki y Vázquez mostraron «parcialidad o prejuicio personal» hacia los independentistas.
En una rueda de prensa, Puigdemont ha anunciado que argumentará la parcialidad de Vázquez y Dzhambazki en su recurso y solicitará una medida cautelar para que el TJUE le devuelva la inmunidad. El ex presidente ha criticado especialmente el fragmento de la sentencia que respalda la imparcialidad de Adrián Vázquez, quien este mismo miércoles ha insultado a Puigdemont en una entrevista en RAC-1. Puigdemont ha expresado su indignación ante esta situación y ha cuestionado si la Unión Europea permitirá este tipo de comportamiento.
En cuanto a sus planes futuros, Puigdemont ha evitado dar una respuesta clara sobre la posibilidad de regresar a España, afirmando que dicha opción está igual de lejana o cercana que antes de la sentencia. Ha anunciado que el próximo lunes se dirigirá a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se llevarán a cabo comisiones y el pleno. La defensa de Puigdemont argumenta que la sentencia establece que no puede ser arrestado mientras acude al Parlamento Europeo.
El Gobierno español ha expresado su satisfacción con el fallo europeo, considerándolo un respaldo a las instituciones y a la Justicia española, y ha instado a Puigdemont a comparecer ante el juez Llarena, señalando que es su obligación como ciudadano.
