El trabajo de los abogados de oficio está mal remunerado. Según los últimos datos de 2021 proporcionados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), estos profesionales reciben en promedio 134 euros por cada caso de justicia gratuita que manejan.
Esto representa un monto bajo en comparación con el importe medio total que la Administración paga por expediente, que es de 147,87 euros. Esta cifra se reduce aún más cuando se restan los gastos de gestión del servicio que los colegios profesionales reciben. Estos gastos incluyen el funcionamiento de una centralita telefónica, la revisión y corrección de expedientes, entre otros. A pesar de esta situación, más de 42,000 abogados en toda España continúan brindando asistencia voluntaria a aquellos ciudadanos que no pueden permitirse contratar un abogado debido a su falta de recursos.
El próximo miércoles 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, una jornada dedicada a reconocer la labor de estos abogados y a exigir cambios en su situación. El pasado 27 de abril, cientos de letrados salieron a las calles en una protesta conocida como la «marea negra», demandando una remuneración digna, la eliminación de retrasos en los pagos y la actualización de los baremos de compensación. Esta movilización recibió el apoyo de algunos colegios de abogados, y en el Congreso de la Abogacía Española celebrado en mayo se aprobó un manifiesto en favor de la justicia gratuita y el turno de oficio.
El informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el CGAE y la Fundación Aranzadi La Ley, revela las bajas remuneraciones que reciben los abogados de oficio por los casos de justicia gratuita, así como las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. En la comunidad autónoma mejor remunerada, el País Vasco, el servicio no supera los 262 euros, mientras que en Andalucía, por el mismo servicio, se cobran 92 euros. La equiparación de los baremos y la eliminación de las disparidades entre territorios se convierten en una demanda fundamental para este colectivo.
Los abogados entrevistados en el artículo, como Borja Luján, Andrea Martínez, Andrés Peiró y Elena Gómez, coinciden en la necesidad de una remuneración acorde al trabajo realizado. Además, destacan que es imposible vivir únicamente de este servicio y que su labor es vocacional. Reivindican una compensación justa, que supere al salario mínimo interprofesional y se ajuste al precio medio de mercado. Asimismo, reclaman el reconocimiento de todas las actuaciones realizadas y el pago por disponibilidad durante el servicio de guardia y cualquier desplazamiento.
A pesar de las dificultades económicas, los abogados de oficio continúan ofreciendo un servicio de calidad, y los usuarios muestran un alto grado de satisfacción, según un estudio de Metroscopia. No obstante, también se han reportado casos de agresiones y acoso hacia estos profesionales. Para prevenir estas situaciones, se propone otorgar a los abogados de oficio la categoría de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El apoyo institucional se vuelve fundamental en la búsqueda de soluciones. Los colegios profesionales y el Consejo de la Abogacía deben unir fuerzas para defender las reivindicaciones del colectivo y presionar al gobierno en favor de mejoras salariales y laborales. Aunque se han logrado avances, como la posibilidad de solicitar la suspensión de vistas y procedimientos en situaciones especiales, los abogados de oficio consideran que aún queda mucho por hacer y que es necesario abordar estas cuestiones a través de la abogacía institucional.
