Tal y como ha venido sucediendo durante los últimos seis meses, este sábado se congregaron cientos de miles de manifestantes en Tel Aviv para expresar su oposición a la reforma judicial impulsada por el gabinete liderado por Benjamin Netanyahu.
Ayer, un total de 143.000 ciudadanos israelíes mostraron su desacuerdo con esta norma que el gabinete, conformado por el Likud de Netanyahu y otros cinco partidos religiosos y de ultraderecha, pretende promover de manera unilateral, sin alcanzar un acuerdo con la oposición. Los partidos no gubernamentales se retiraron de las negociaciones el mes pasado sin lograr un consenso sobre la nueva norma.
Docenas de manifestantes intentaron bloquear una de las principales autopistas de la capital israelí, mientras que en otras ciudades importantes como Jerusalén se organizaron protestas de menor magnitud. Las autoridades de Tel Aviv utilizaron mangueras de agua a presión para dispersar las manifestaciones. Después de meses de reivindicación, el movimiento de oposición a la reforma se ha convertido en una de las protestas más masivas en la historia del país.
Esta reforma, que ha generado una gran discordia en Israel, plantea una amenaza a la separación de poderes al comprometer la independencia del poder judicial y otorgar más poder al Ejecutivo en el funcionamiento del sistema de justicia. Según la norma propuesta, el Knéset, el parlamento israelí, tendría la capacidad de revocar decisiones tomadas por el Tribunal Supremo con una simple mayoría de 61 votos en una cámara compuesta por 120 diputados. En caso de que se apruebe esta ley, el Tribunal Supremo tendría dificultades para llevar a cabo revisiones de las Leyes Básicas en las que se fundamenta el Estado de Israel, ya que el país no cuenta con una Constitución propia.
Además, según los opositores de la reforma, esta comprometería la independencia del poder judicial, ya que el actual sistema de selección de jueces se desequilibraría al otorgar más poder al Parlamento en la elección de magistrados. Por otro lado, el gabinete está tratando de promover otra ley que reduciría los supuestos por los cuales un líder puede ser inhabilitado de sus funciones. La oposición sostiene que Netanyahu, actualmente condenado por varios delitos fiscales, podría estar incurriendo en un «conflicto de interés» al impulsar estas medidas.
En conclusión, la reforma judicial propuesta por Netanyahu ha generado una gran polémica en Israel y ha llevado a cientos de miles de israelíes a las calles en señal de protesta. La independencia del poder judicial y la separación de poderes se ven amenazadas por esta norma, que busca otorgar mayor poder al Ejecutivo y debilitar el papel del Tribunal Supremo. La oposición argumenta que estas medidas podrían beneficiar a Netanyahu y comprometer la imparcialidad del sistema judicial. La situación continúa generando tensión y es probable que las protestas y el debate en torno a esta reforma judicial perduren en los próximos meses.
