El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha decidido archivar provisionalmente la causa relacionada con la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, con el programa informático Pegasus.
El motivo de este sobreseimiento se debe a la «absoluta falta de cooperación jurídica» por parte de Israel, según se detalla en el auto emitido.
En el documento, el juez señala que Israel no ha respondido a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional, lo que ha impedido el avance de la investigación. A pesar de haber enviado múltiples solicitudes y ampliaciones, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del Gobierno israelí. Este silencio evidencia una clara falta de cooperación jurídica, llevando al magistrado a presumir que la comisión rogatoria nunca será cumplimentada.
El juez Calama destaca que el espionaje realizado con el programa Pegasus ha puesto en riesgo la seguridad del Estado. A lo largo de la investigación, se han recabado indicios que demuestran que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado en cinco ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. La primera de estas infecciones se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, justo durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la visita de Pedro Sánchez a la ciudad autónoma y a Melilla junto a Fernando Grande-Marlaska.
Además, se han detectado otras infecciones en los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en diferentes fechas durante 2021. En el caso del ministro de Agricultura, Luis Planas, se encontraron indicios de un intento de infección que no tuvo éxito.
Con el objetivo de identificar a los responsables de estos actos, el juez emitió una comisión rogatoria a Israel, solicitando información a la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su CEO. A pesar de haber ampliado y recordado en dos ocasiones la solicitud de cooperación, no se ha obtenido respuesta por parte de Israel.
El juez Calama considera que el Estado tiene la obligación de actuar de buena fe y cooperar jurídicamente, según lo estipulado en la Convención de Viena de 1969. En este caso, Israel no ha justificado su negativa a ejecutar la comisión rogatoria ni ha proporcionado razones válidas para ello, lo que ha llevado al archivo provisional del caso Pegasus.
Aunque la falta de cooperación jurídica por parte de Israel ha frustrado la continuación de la investigación, el archivo provisional no cierra definitivamente la posibilidad de retomar el caso en el futuro si se obtienen nuevas pruebas o si se produce un cambio en la situación de cooperación con las autoridades israelíes.
