Según la Comisión Europea, la Economía Sumergida es ‘aquella actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas’. Sin embargo, para la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Economía Sumergida comprende ‘aquellas actividades que son productivas en sentido económico, y relativamente legales (dependiendo de los estándares y regulaciones locales), pero son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas’).
El hecho ilícito para este tipo de delito es la no declaración a las autoridades fiscales, laborales o a la seguridad social de la actividad, en el caso de que lo sea en su totalidad, o de modo que, una parte de esta actividad se realice de forma lícita y oficial, y otra parte de la actividad quede oculta.
El fin principal de la economía encubierta es, evitar el pago de cualquier tipo de impuesto, ocultar contribuciones a la seguridad social, evitar el cumplimiento de ciertos requisitos legales de orden laboral, como son el salario mínimo o número de horas trabajadas, o desviarse ante determinados procedimientos administrativos, todo ello deforma total o parcial.
Según la Asociación de Inspectores de Hacienda, los ámbitos donde existe una mayor percepción del fraude fiscal son:
- No facturación del IVA y emisión de facturas falsas.
- Trabajadores sin alta laboral.
- Ayudas y subvenciones cobradas inadecuadamente.
- Operaciones internacionales fraudulentas.
- Declaración de precios de venta falseados.
- Ocultación de capitales.
- Empresas tapaderas y sociedades interpuestas.
“La elevada presión fiscal, la percepción de que la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios y prestaciones que se reciben no es la adecuada, los elevados flujos migratorios, la excesiva regulación y complejidad de las obligaciones tributarias, laborales y administrativas, la impunidad de los que defraudan, la falta de honradez o conciencia cívica, la ineficacia de la lucha para combatirla o la actitud de rechazo de algunos individuos hacia el Estado…” según Andrés Fernández Díaz en su artículo ‘Corrupción y economía sumergida: una visión de conjunto’, son los principales motivos que impulsan tal fenómeno.
La existencia en la sociedad de economía oculta genera, en primer lugar, problemas de equidad, tanto por el lado del gasto como de los ingresos públicos ya que se generan asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva soportada, así como desde el punto de vista interregional e internacional.
Además, plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios prestados por el Estado. Produce pérdidas recaudatorias para el sector público, que limita las actuaciones de cualquier política estatal. Distorsiona la competencia empresarial al situar las actividades no declaradas al margen del pago de impuestos, de cargas laborales o de requerimientos burocráticos y administrativos. Provoca desviaciones en las estadísticas económicas oficiales (PIB, renta disponible, paro,…), que a su vez impiden un adecuado diagnóstico de los problemas socioeconómicos y una correcta toma de decisiones.
Es preciso puntualizar, en los tres métodos que se usan para la medición de la economía irregular:
- Métodos indirectos: Puede consistir en la estimación del total de la actividad económica en función de la cantidad de dinero en circulación utilizada como medio de pago. Otro método indirecto consiste en analizar la correlación entre la producción y otro tipo de variables macroeconómicas. La utilización de métodos indirectos presenta la ventaja de que tiene costes reducidos y fácil aplicación.
- Métodos directos: Suponen la elaboración de la información necesaria para su medición, bien mediante la realización de encuestas o bien mediante inspecciones fiscales. Se trata de métodos costosos y de difícil aplicación.
- Métodos intermedios: Se calcula el peso de la economía sumergida a través de una combinación de métodos directos e indirectos.
Muchos de los estudios analizados ponen de manifiesto que la complejidad de la regulación en materia de creación empresarial, fiscalidad y requisitos laborales en España, dificulta su cumplimiento especialmente a la pequeña empresa, abocándola hacia la economía sumergida. Así, el elevado peso de la pequeña empresa famiiar en el tejido productivo español, que sobreviven marginalmente gracias a la economía no declarada, puede contribuir a explicar, al menos en parte, el mayor tamaño de la economía sumergida en España respecto a la del resto de países europeos. La complejidad y ambigüedad de la regulación y la elevada presión fiscal y laboral hacen que las pequeñas empresas no vean beneficios o incluso que no puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas y laborales.
Para frenar esta situación que genera pérdidas de recaudación, habría que elaborar políticas económicas dirigidas a cambiar la estructura de la economía española para favorecer la conformación de empresas de mayor tamaño mediante, por ejemplo, políticas fiscales diferenciales entre sectores. Las empresas grandes, normalmente, se sitúan en un alto porcentaje de sus actividades en la economía declarada, con más regulación y mayores cotas de cumplimiento de sus obligaciones formales. Una nueva estructura empresarial, reduciría sin duda los niveles de economía no declarada, además de favorecer la competitividad del tejido empresarial.
Como señala Andrés Fernández Díaz, “La economía sumergida, oculta, irregular o informal, que son algunas de las expresiones empleadas de manera más habitual, constituye un capítulo de la Ciencia Económica que nunca termina de cerrarse de forma satisfactoria debido, seguramente, a su indudable complejidad. Y sin embargo este tipo de economía no deja de ser un problema permanente que se acrecienta cuando el mercado de trabajo se altera significativamente al producirse fuertes flujos inmigratorios o ante situaciones de crisis económicas […]”.
En definitiva, la existencia de este fenómeno es una grave anomalía para el correcto funcionamiento de la economía de un país. La imagen distorsionada de nuestra economía a causa de esta economía oculta deforma los principales datos macro, penaliza la capacidad recaudatoria, dificulta la consolidación fiscal y, cómo no, hace más compleja la toma de decisiones en la política económica.
