Este lunes ha llegado a su fin el acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, lo que implica que los barcos europeos ya no pueden faenar en aguas del Sáhara Occidental.
Este acuerdo, considerado el pacto pesquero de mayor valor político para España, ha otorgado durante cuatro años un total de 138 licencias a los buques comunitarios, 93 de ellas para la flota española. Sin embargo, en el último año solo alrededor de veinte barcos se han beneficiado de este acuerdo.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, se estima que entre el 21% y el 50% de las posibilidades de pesca asignadas a España ya se han agotado. Varios factores han contribuido a que solo 27 barcos hayan aprovechado al máximo este acuerdo, como la pandemia y el alto costo del combustible, lo que ha llevado a los pescadores a faenar más cerca de sus puertos. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), lamenta la pérdida temporal de un caladero y afirma que la flota española tiene cada vez menos áreas de pesca disponibles.
Además de los 93 permisos españoles, el acuerdo también ha beneficiado a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia, principalmente dedicados a la pesca de especies pelágicas como la sardina o el arenque para la fabricación de harinas. A cambio del acceso a sus aguas, Marruecos ha recibido una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, que incluye apoyo sectorial y un canon pagado por los armadores, que asciende a unos 12 millones de euros. El protocolo actual del acuerdo se implementó en 2019, un año después de que los negociadores comunitarios y marroquíes cerraran el acuerdo en julio de 2018.
El fin de este acuerdo plantea incertidumbres sobre el futuro del caladero para los barcos afectados, principalmente de Andalucía, Canarias y Galicia. Existen dudas sobre si detendrán su actividad pesquera o si se trasladarán al Golfo de Cádiz o a los caladeros de atún en Canarias.
En cuanto a las consecuencias diplomáticas y políticas, este acuerdo va más allá del valor económico y social para la flota afectada y ha tenido implicaciones en las relaciones entre España, la UE y Marruecos. Las negociaciones para la renovación del acuerdo dependen de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre un recurso europeo que impugna un dictamen de 2021, en el que los jueces comunitarios anularon el acuerdo pesquero por no tener en cuenta al Sáhara Occidental. Si la sentencia es favorable a la UE, podría haber margen para un nuevo pacto. Sin embargo, si la sentencia es desfavorable, renovar el acuerdo sería muy difícil, ya que los caladeros del Sáhara Occidental quedarían excluidos.
En los recientes contactos entre la UE y Marruecos, el país africano ha expresado su deseo de obtener un mayor valor añadido en un nuevo protocolo. Esto ha sido interpretado por el Frente Polisario, defensor de la independencia del Sáhara, como un intento de «mantener la piratería marroquí».
Mientras tanto, los pescadores y armadores afectados por la paralización de la actividad pueden solicitar ayudas por un valor total de 302.000 euros, que se publicaron recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas ayudas, cofinanciadas en un 50% por fondos europeos, se distribuirán entre los armadores y los tripulantes. Según el Ministerio de Agricultura, de las 93 licencias concedidas a España, solo 21 barcos las han solicitado en los últimos dos años, y solo 11 de ellos han faenado durante al menos 20 días en el período 2021-2023. Estos 11 barcos, siete de Andalucía y cuatro de Canarias, serán los beneficiarios de las ayudas.
En resumen, el fin del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos tiene importantes consecuencias para la flota pesquera, especialmente la española. Los pescadores se enfrentan a la pérdida de un caladero y a restricciones en su actividad pesquera. Las negociaciones para renovar el acuerdo dependen de una sentencia judicial, y el futuro del acuerdo sigue siendo incierto.
