En una decisión que ha generado un fuerte impacto en la política migratoria de Joe Biden, el juez federal de California, Jon S. Tigar, anuló las estrictas restricciones al asilo impuestas por el gobierno en mayo, tras el vencimiento del Título 42, una disposición establecida por Donald Trump debido a la pandemia.
Esta medida había facilitado la expulsión de más de 2,7 millones de solicitantes de refugio en tres años.
Para compensar el fin del Título 42, la Administración federal reinstauró el Título 8 con nuevas y severas limitaciones. Bajo estas medidas, los migrantes que buscan solicitar asilo deben haberlo buscado previamente en un país de tránsito o haber tramitado una cita a través de una aplicación llamada CBP One. Además, aquellos que intenten cruzar de manera irregular y sean detenidos no solo enfrentarán deportación, sino también una prohibición de reingreso a EE. UU. por al menos cinco años y posibles acciones penales en caso de intentar regresar.
Aunque se incluyeron ciertas facilidades para los solicitantes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania, estas estaban sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos específicos.
La anulación de estas restricciones se encuentra actualmente en suspenso, y podría mantenerse así por tiempo indefinido mientras el Gobierno la recurre ante los tribunales superiores. El juez Tigar llegó a esta decisión en respuesta a una demanda presentada por tres asociaciones de defensa de derechos civiles, argumentando que las restricciones son «arbitrarias y caprichosas» y violan la ley federal que garantiza el derecho a solicitar asilo a los extranjeros que llegan al territorio estadounidense, independientemente de cómo hayan ingresado al país.
El juez también cuestionó los programas especiales para ciudadanos de países en crisis, sosteniendo que no son opciones significativas para los solicitantes de asilo en general y no benefician a todos los aspirantes de esas naciones. Si bien reconoció la eficacia de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden para reducir los flujos migratorios, enfatizó que eso no justifica mantener una regulación que él considera ilegal.
Aunque la sentencia ha sido suspendida por 14 días a petición del Gobierno para preparar un recurso de apelación, la incertidumbre persiste respecto a cómo procederá el tribunal de apelaciones. En última instancia, el caso podría llegar al Tribunal Supremo, el cual también podría decidir mantener la anulación en suspenso durante el estudio del asunto.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que la decisión del juez «no cambia nada de inmediato» y que las autoridades federales aún tienen la capacidad de sancionar a los extranjeros que ingresen de manera irregular a EE. UU.
La resolución de Tigar llegó un día después de que la Administración Biden presentara una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, por su plan de construir una barrera flotante en el Río Grande para frenar la inmigración. La Casa Blanca considera esta barrera como «peligrosa e ilegal» y una violación de las leyes de navegación fluvial del país. La situación seguirá siendo objeto de controversia y debate mientras se espera una resolución definitiva.
