El Gobierno ha emitido una advertencia contundente a Glovo, la principal empresa de reparto en el país, por emplear falsos autónomos, ignorando así la ley rider aprobada en 2021 para proteger a los repartidores bajo un contrato laboral.
A pesar de las multas millonarias impuestas por la Inspección de Trabajo y una sentencia del Tribunal Supremo en 2020 que reconocía la relación laboral entre Glovo y sus repartidores, la compañía ha seguido operando al margen de la nueva legislación.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha puesto en marcha «la vía penal» como una medida para asegurar el cumplimiento de la ley. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que han requerido formalmente a las empresas, incluida Glovo, para que cumplan con la legislación laboral. En caso de incumplimiento, las sanciones no se limitarán a multas económicas, sino que también podrán llevar a acciones penales.
Glovo, por su parte, ha alegado que no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto y que ha intentado mantener un diálogo con el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las autoridades insisten en que han requerido el cumplimiento de la ley y que, de persistir en el incumplimiento, llevarán el caso a la Fiscalía.
La ley rider, aprobada en el Congreso el año pasado, establece penas de cárcel para quienes utilicen falsos autónomos en sus empresas. El artículo 3112 del Código Penal, modificado recientemente, castiga a aquellos que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores bajo fórmulas ajenas al contrato laboral.
Inspección de Trabajo ya ha impuesto multas millonarias a Glovo, pero la compañía ha judicializado cada proceso y afirma no haber pagado ninguna sanción. El Ministerio de Trabajo, sin embargo, asegura que las multas seguirán llegando conforme a la nueva regulación penal establecida.
La ley rider fue el resultado de un acuerdo entre sindicatos y empresarios y fue aprobada con amplio apoyo en el Congreso. Afecta principalmente a empresas de reparto que utilizan repartidores autónomos en lugar de contratarlos bajo un contrato laboral. Glovo, que tiene el 25% de la cuota de mercado, es la empresa líder en el sector de la restauración en España, seguida de Uber Eats y Just Eat.
El ministerio también está considerando imputar o derivar responsabilidades a los restaurantes que utilicen servicios que incumplen la ley laboral. En el pasado, se ha constatado que algunos repartidores de Glovo no son autónomos, sino empleados sin papeles, lo que ha resultado en multas adicionales.
La ley rider ha sido un paso importante para proteger los derechos laborales de los repartidores en el país, pero el Gobierno también está pendiente de la normativa europea sobre el trabajo en plataformas digitales. Algunos países, incluyendo España, han expresado su preocupación por la versión final de la directiva, ya que podría debilitar las protecciones laborales. No obstante, el secretario de Estado de Empleo afirma que están trabajando en Europa para garantizar que el desarrollo tecnológico se realice con respeto a los derechos laborales.
En conclusión, la advertencia del Gobierno a Glovo sobre posibles acciones penales por emplear falsos autónomos demuestra la firmeza en la aplicación de la ley rider para asegurar trabajos decentes y respeto a la legalidad en el mercado de las plataformas de reparto en España.
