La Sección de Vacaciones del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, contra la orden de detención emitida por el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Esta orden dictaba la detención y prisión de Puigdemont en caso de regresar a territorio español, después de haber sido procesado por malversación y desobediencia. La Fiscalía planea apelar esta decisión y llevar el asunto al pleno del Tribunal Constitucional.
La votación en la Sección de Vacaciones resultó en dos votos a favor del rechazo y uno en contra. Los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa coincidieron en que el recurso no plantea una lesión de derechos fundamentales que justifique su consideración. Argumentaron que la Sección de Vacaciones debía responder al recurso, ya que este buscaba la suspensión urgente de la orden de detención como medida cautelarísima.
La magistrada Laura Díez, que votó en contra, emitió un voto particular argumentando que el asunto debería haber sido llevado al Pleno del Tribunal Constitucional y seguir el proceso ordinario de admisión y análisis. Díez no consideró que existiera urgencia en la decisión de la Sección de Vacaciones.
Pablo Llarena había modificado la orden de detención nacional de Puigdemont a principios de año, cuando decidió procesarlo por malversación y desobediencia, tras revisar el caso a la luz de una reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición. En su decisión final, Llarena señaló a Puigdemont y al exconsejero Toni Comín por estos delitos y ratificó la orden de detención y prisión en caso de regresar a España.
La resolución del Tribunal Supremo fue respaldada por la Sala de Apelación en junio pasado. La defensa de Puigdemont y Comín, a cargo del abogado Gonzalo Boye, presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta cadena de decisiones. La defensa buscaba suspender la orden de detención inmediata al ingresar al país.
El recurso argumentaba la vulneración de derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y el debido proceso, basándose en la supuesta afectación de la inmunidad parlamentaria de ambos, quienes son eurodiputados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que la inmunidad no aplica ante el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo al Parlamento Europeo, como ratificó el Tribunal General de la Unión Europea el 5 de julio. El Tribunal Constitucional también concluyó que las otras quejas alegadas por la defensa de Puigdemont y Comín ya habían sido abordadas en recursos anteriores y no constituían violaciones de derechos fundamentales.
La inadmisión del recurso deja en pie la orden de detención en territorio nacional. La Fiscalía del Tribunal Constitucional coincidió con la opinión de Laura Díez y presentará un recurso contra la inadmisión. Este caso también tiene implicaciones en el ámbito europeo, ya que el Tribunal Supremo aplazó su decisión sobre las órdenes internacionales de arresto y entrega en espera de las medidas cautelares relacionadas con la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín en el contexto de la investidura de Pedro Sánchez.
