En los últimos tiempos, los criptoactivos han logrado cautivar la atención tanto del sector financiero como del tecnológico, emergiendo como una revolución disruptiva que desafía las normas establecidas y busca redefinir radicalmente nuestra concepción en relación con el dinero y las transacciones. Estas monedas digitales descentralizadas, comúnmente conocidas como criptomonedas, han generado un profundo impacto al no solo transformar la manera en que las personas interactúan con las finanzas, sino también al abrir un vasto abanico de posibilidades para el futuro económico global.
Las criptomonedas son activos digitales respaldados por técnicas criptográficas que pretenden garantizar la integridad y propiedad sobre las transacciones, ejerciendo un control en cuanto a generación de nuevas unidades respecta, para así evitar copias y falsificaciones. Además, entre sus características, la más destacable es su naturaleza intangible, pues se almacenan en un software o aplicación denominado wallet o monedero virtual.
Si bien es cierto que existe una amplia variedad de criptomonedas en nuestro actual mercado, no obstante, aquella sobre la cual recae de forma indudable el título de “padre” es el Bitcoin. Lo anterior tiene su razón de ser porque fue la que marcó el inicio y origen de estas. Su primera aparición data de octubre de 2009, cuando New Liberty Standard, una casa de cambio de internet, efectuó la histórica transacción de vender unos 5.000 bitcoins por el módico precio de 5,02 dólares, equivalente a 1 dólar por cada 1.000 bitcoins, y es en esa ocasión cuando se registra la primera compra de criptomonedas con dinero. En cambio, su génesis se remonta a octubre de 2008, cuando un enigmático informático conocido bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, concibió un novedoso sistema de dinero electrónico que funcionaba mediante una red peer-to-peer (P2P) y prescindiendo de terceros intermediarios.
En su enfoque vanguardista, las criptomonedas optan por emplear un sistema de transacciones descentralizado conocido como blockchain o cadena de bloques. Este sistema opera de manera eficiente al asignar a cada transacción un bloque con un código único e irreproducible. Es esencial destacar que cada bloque contiene un registro permanente y detallado de la operación, incluyendo información relevante como el emisor y el receptor del intercambio, la cantidad involucrada, y otros datos pertinentes. La naturaleza de la red de usuarios garantiza que cada transacción se registre de manera virtual e inmediata. Ese bloque se amalgama formando una vasta cadena, donde se encuentran minuciosamente enumeradas todas las operaciones efectuadas con la criptomoneda en cuestión. Este listado se presenta en orden cronológico, y debido a que la información se replica en múltiples cuentas, se erige como una tarea insuperable el modificar o eliminar una operación una vez que ha sido incorporada al blockchain.
En consecuencia, el sistema blockchain se erige como una herramienta infalible para asegurar la transparencia, integridad y trazabilidad de las transacciones realizadas con criptomonedas, respaldando así su confianza y consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía digital contemporánea.
Uno de los riesgos intrínsecos asociados a este sistema, que destaca ampliamente y es objeto de frecuente discusión entre economistas y expertos en la materia, radica en su fundamentación puramente especulativa. La especulación, una práctica económica altamente riesgosa que se basa en la adivinanza y la incertidumbre, genera una significativa inestabilidad en el mercado. En virtud de ello, el valor de una criptomoneda puede elevarse vertiginosamente un día y desplomarse estrepitosamente al día siguiente. Es por esta razón que las criptomonedas son comúnmente catalogadas no como inversiones, sino como apuestas. Esta inherente volatilidad ha suscitado críticas contundentes de diversos economistas, como por ejemplo Warren Buffett, quien en una entrevista manifestó su desacuerdo con este sistema y expresó su escepticismo hacia el mismo. No obstante, es relevante destacar que, si bien existen puntos de vista contrarios y acusaciones de estafa por parte de algunos inversores, las criptomonedas en sí mismas no pueden ser consideradas una estafa. La ambigüedad y riesgo inherente al mercado actual de las criptomonedas, caracterizado por su fundamentación en especulaciones, no proporciona una garantía de rentabilidad en las inversiones, ya que se puede experimentar ganancias significativas o pérdidas substanciales. La falta de un margen de seguridad adecuado lleva a algunos inversores a cuestionar la legitimidad de dichas operaciones. Sin embargo, es imperativo aclarar que las criptomonedas como tecnología y activo financiero no son intrínsecamente fraudulentas.
Efectivamente, es de suma importancia destacar y analizar otros riesgos relevantes asociados a los activos digitales. Entre ellos, podemos mencionar la alta volatilidad que caracteriza a estos activos, lo cual puede generar fluctuaciones extremas en su valor en cortos periodos de tiempo. Lo anterior puede tener significativas implicaciones no solo para los inversores, sino también para la estabilidad del mercado financiero en general. Otro aspecto relevante a considerar es la falta de regulación y el limitado apoyo por parte de los bancos centrales y autoridades financieras. La ausencia de una estructura regulatoria sólida puede propiciar situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad para los usuarios y los mercados, además de plantear desafíos en cuanto a la protección del consumidor y prevención de actividades ilícitas. Asimismo, es esencial mencionar los riesgos inherentes a posibles ataques tecnológicos y cibernéticos que pueden afectar la seguridad y la integridad de las criptomonedas y las plataformas en las que operan. Por último, se debe abordar el impacto negativo que las actividades relacionadas con las criptomonedas pueden ejercer sobre el medio ambiente. Algunas utilizan sistemas de minería intensivos en energía, lo que puede contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero y al consumo desmedido de recursos naturales, planteando cuestionamientos sobre su sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
En el contexto actual, los Estados han progresado gradualmente en la implementación de normativas con el propósito de regular los activos digitales, procurando así brindar mayores garantías y protección a los interventores en estas transacciones. Un ejemplo ilustrativo de este progreso es el caso de España, donde se evidencia un avance significativo en términos de regulación en este ámbito. En consonancia con los esfuerzos de regulación a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha desempeñado un papel relevante al realizar recomendaciones orientadas a establecer estándares generales destinados a supervisar el funcionamiento de los activos digitales. Estas iniciativas buscan promover un marco normativo coherente y transparente, con el fin de abordar los riesgos y desafíos inherentes a este sector emergente. En el caso particular de España, se ha observado un enfoque progresivo y cauteloso hacia la regulación de los activos digitales. Autoridades y organismos han trabajado en el diseño e implementación de normas que abarcan aspectos como la identificación y prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como la protección al consumidor y la salvaguardia de la estabilidad financiera. No obstante, es importante destacar que el marco regulatorio aún se encuentra en desarrollo y evolución, a medida que se analizan y comprenden mejor los desafíos y oportunidades que estos activos representan para la economía y el sistema financiero. Por consiguiente, es imperativo seguir atentos a las actualizaciones normativas y las recomendaciones internacionales, con el objetivo de forjar un ambiente regulatorio coherente y adaptado a las particularidades de los activos digitales.
En el ámbito del derecho tributario español, es relevante destacar que en el IRPF existe una casilla, identificada como [1626] con clave 0, conocida como “Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales”, la cual permite declarar las ganancias y pérdidas derivadas de la transacción de activos patrimoniales, aplicable a las transacciones relacionadas con criptomonedas. De hecho, en diversas situaciones las transacciones con criptomonedas pueden generar obligaciones fiscales en el IRPF. A título de ejemplo, se encuentran los ingresos obtenidos mediante la minería de criptoactivos, los rendimientos provenientes de bienes o servicios pagados con criptomonedas, así como aquellos derivados de actividades que generen nuevas criptomonedas. Es importante tener en cuenta que además del IRPF, también será de aplicación el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre el valor añadido, y la aplicación de estos dependerá de la naturaleza específica de cada transacción de dichos activos digitales, así como la situación fiscal de la persona involucrada. Además, resulta relevante que el Modelo 720 es un formulario creado por España en 2012 para prevenir el fraude fiscal y fomentar la transparencia tributaria y que requiere que residentes fiscales en España declaren los activos que ostentan en el extranjero. En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el Modelo 720, pero España implementó el Modelo 721 para declaración de criptomonedas en el extranjero. También existen los Modelos 172 y 173 para personas jurídicas que trabajen en el sector de activos digitales.
En conclusión, cabe decir que aún queda mucho camino por recorrer y no solo en términos de regulación y adaptación normativa, sino también porque la incertidumbre del futuro nos impulsa a mantenernos en alerta y a estar preparados para enfrentar los retos en este campo financiero tan cambiante.
