El panorama tributario para autónomos y pequeñas empresas está en proceso de transformación con la introducción del nuevo régimen especial de franquicia en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el año 2025, basado en las directrices de la Directiva (UE) 2020/285.
Este cambio significativo podría eximir a los autónomos y empresarios con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros de la obligación de pagar el IVA trimestralmente. Esta medida se alinea con prácticas similares adoptadas en otros países de la Unión Europea y se encuentra en debate entre organizaciones de autónomos y la administración en España.
Se prevé que el nuevo régimen sea opcional, lo que permitiría a los contribuyentes eludir la presentación de declaraciones de IVA y, por ende, evitar la repercusión o deducción de cuotas.
Uno de los efectos potenciales de esta modificación es que las facturas ya no incluirían los porcentajes de IVA correspondientes (21%, 10% o 4%), reduciendo las obligaciones informativas a una única declaración al inicio del año. Esta declaración debería abarcar todos los ingresos, facilitando a la administración tributaria la verificación del cumplimiento de los umbrales de facturación permitidos.
El cambio es una renovación necesaria, ya que la Directiva 2006/112/CE permitía a los Estados miembros seguir aplicando regímenes especiales a autónomos y pymes. Sin embargo, estos regímenes se consideran obsoletos y no alivian la carga administrativa para las pequeñas empresas, dado que fueron diseñados para un sistema de impuesto sobre el valor añadido basado en el estado miembro de origen.
El Plan de Acción sobre el IVA de la Comisión Europea propuso medidas de simplificación para reducir la carga administrativa y fomentar el crecimiento y el comercio transfronterizo. Esto implica una revisión del régimen especial de pequeñas empresas como parte de un conjunto de reformas más amplio en el plan de acción sobre el IVA.
La fijación de umbrales y la no discriminación son aspectos cruciales. La nueva directiva permite que las pequeñas empresas en Estados miembros diferentes al de devengo del impuesto también se beneficien de la franquicia. Además, los Estados miembros pueden establecer umbrales nacionales que se ajusten a sus condiciones económicas y políticas, siempre que respeten los límites máximos definidos en la directiva y eviten la discriminación entre sujetos pasivos establecidos y no establecidos.
Para evitar distorsiones en el cálculo del volumen de negocios anual, se deben especificar los elementos considerados en dicho cálculo. Asimismo, se plantean mecanismos de control para garantizar que los Estados miembros puedan acceder a la información necesaria y asegurar el cumplimiento adecuado de la franquicia.
La implementación de esta Directiva también contempla medidas de transitoriedad, como el acceso a un procedimiento de registro y obligaciones de información simplificadas para las pequeñas empresas que se acojan al régimen en el Estado miembro de establecimiento.
En definitiva, el nuevo régimen especial de franquicia del IVA para autónomos y pymes, basado en la Directiva 2020/285, promete simplificar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa, proporcionando un entorno más favorable para el crecimiento de los negocios en toda la Unión Europea.
