La apertura del año judicial se celebra de nuevo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueado y el Supremo en alerta ante una posible amnistía.
La tradicional apertura del año judicial se celebra este jueves en un contexto de máxima tensión que atiende a varias razones. La primera es el persistente bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debió renovarse hace ya casi cinco años, lo que ha causado estragos en el Poder Judicial, especialmente en el Tribunal Supremo.
El segundo motivo de alerta en la Justicia es la posibilidad de que el Gobierno impulse una ley de amnistía para beneficiar a los implicados en el procés, una medida de gracia contra la que el propio Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones durante la causa que juzga el referéndum de independencia. Más aún cuando fue este órgano el que juzgó y condenó a parte de los implicados en el proceso independentista de 2017 y el que mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont, fugado en Bélgica. Aunque el PSOE y Sumar trabajan para encontrar el encaje constitucional de una amnistía, el alto tribunal la ha rechazado en varios de sus escritos, señalando que se trata de «un instrumento jurídico de sanción de sentencias injustas». En todo caso, no será el Supremo sino el Tribunal Constitucional el que acabe por determinar la constitucionalidad de la amnistía, si es que finalmente se produce.
Un año después, el presidente en funciones estudia conceder la amnistía a los independentistas para recabar su apoyo y reeditar el Gobierno mientras que Feijóo se prepara para una investidura sin opciones aparentes de salir airoso del intento. En este contexto, las expectativas de un acuerdo para renovar el Consejo son nulas.
Casi cinco años de bloqueo del CGPJ, teniendo en cuenta la prohibición impuesta por el Gobierno para realizar nombramientos, han llevado al Tribunal Supremo a sumar 22 vacantes de las 79 plazas que componen sus Salas. Esta situación ha hecho saltar las alarmas en la Unión Europea, que apuntó en la última edición de su informe sobre el Estado de Derecho el siguiente mensaje: «La falta de renovación [del CGPJ] está afectando al trabajo del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto».
Este será el contexto en el que Francisco Marín Castán enuncie el discurso inaugural del año judicial en presencia del Jefe de Estado y desde el tribunal que él mismo preside, la principal víctima de un bloqueo que este diciembre cumplirá cinco años.
