El gigante tecnológico Google afronta un juicio sin precedentes en Estados Unidos, denunciado por el Gobierno por presuntas prácticas de monopolio. Este juicio, que se desarrolla en Washington, representa la mayor amenaza legal que Google ha enfrentado en su historia.
El proceso se llevará a cabo en el Tribunal de Distrito de Columbia y se espera que dure alrededor de diez semanas. Durante este tiempo, altos ejecutivos tecnológicos, ingenieros, economistas y académicos ofrecerán testimonios para desentrañar cómo la compañía estadounidense se convirtió en líder indiscutible de los motores de búsqueda en Internet. El Departamento de Justicia ha trabajado durante tres años en la construcción de este caso, que se inició bajo la presidencia de Donald Trump y que ha continuado bajo la administración de Joe Biden.
Para defenderse en este juicio de gran relevancia, Google ha contratado a cientos de expertos legales y tres influyentes bufetes de abogados, invirtiendo millones de dólares en honorarios legales y cabilderos, según reportes de medios estadounidenses como The New York Times.
La acusación del Departamento de Justicia se centra en la supuesta práctica de Google de pagar a empresas para que establezcan su motor de búsqueda como predeterminado en sus dispositivos y plataformas. Esto incluye acuerdos con gigantes como Apple, para que elijan el motor de búsqueda de Google en los iPhones. La demanda argumenta que a través de estos acuerdos, Google habría mantenido un monopolio, dificultando a los consumidores la elección de otros motores de búsqueda.
Según datos de Similarweb, una empresa de análisis de datos, Google posee alrededor del 90 % del mercado de motores de búsqueda en Estados Unidos y el 91 % a nivel mundial. Sin embargo, Google ha sostenido que sus acuerdos con Apple y otros no eran exclusivos, y que los consumidores podían cambiar fácilmente la configuración predeterminada de sus dispositivos para optar por motores de búsqueda alternativos.
Kent Walker, responsable de asuntos globales de Google, ha declarado que la demanda «tiene graves defectos» y que el juicio demostrará que los acuerdos de distribución de búsqueda reflejaban las elecciones de los navegadores y fabricantes de dispositivos en función de la calidad de los servicios y las preferencias de los consumidores. Walker, en su papel de asesor jurídico principal, supervisa la defensa de la empresa.
El juez federal Amit P. Mehta, designado por el expresidente Barack Obama, será quien dicte sentencia en este proceso sin jurado. A pesar de más de tres años de audiencias previas, no ha revelado su opinión sobre el caso. En la parte de la fiscalía se encuentra Jonathan Kanter, fiscal general adjunto antimonopolio del Departamento de Justicia, quien forma parte de un grupo de críticos progresistas de las grandes tecnologías. En la representación del Gobierno estará Kenneth Dintzer, subdirector de la división civil del Departamento de Justicia.
El resultado de este juicio podría tener un impacto significativo en el panorama de la tecnología. Si el tribunal falla en contra de Google, la empresa podría enfrentar sanciones financieras o ser obligada a realizar cambios sustanciales en su estructura corporativa.
Este juicio marca un hito en la era moderna de Internet y pone de manifiesto la creciente atención regulatoria sobre las grandes tecnológicas, que han adquirido una influencia sustancial en diversas áreas, desde la información hasta el entretenimiento. El último caso antimonopolio de esta magnitud involucró a Microsoft en 1998, y ahora, Google se encuentra en el centro de la atención legal.
