En un reciente comunicado, el Tribunal Supremo ha reafirmado la importancia de contar con la representación de un abogado en las actuaciones procesales ante este órgano judicial.
Esta declaración llega como respuesta a informaciones previas que sugerían una posible apertura a que los graduados sociales ejerzan la representación procesal ante la Sala de lo Social, una noción que el Tribunal Supremo ha disipado.
La presidencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha recordado que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece claramente la necesidad de contar con la asistencia de un profesional de la abogacía en estas instancias. Además, esta disposición no ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 5/2023, que introduce medidas para agilizar la tramitación de los recursos de casación para la unificación de doctrina en el ámbito social.
La Sala reconoce que previamente ha permitido que los graduados sociales representen a personas físicas o jurídicas en ciertos casos, pero subraya que en los recursos de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo, la defensa de un abogado es obligatoria, como lo estipula el artículo 21.1 de la ley.
Es importante destacar que, si bien hubo informes en los medios de comunicación que afirmaban que el Tribunal Supremo había aceptado por primera vez la solicitud de una graduada social para representar a una empresa en un procedimiento proveniente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el comunicado oficial del Tribunal Supremo aclara que en este caso en particular, la graduada social estaba respaldada por la firma de un abogado, cumpliendo así con los requisitos establecidos.
Esta aclaración ha sido considerada «contundente» por fuentes de organismos que representan a la abogacía en España, poniendo fin a interpretaciones divergentes y reafirmando la necesidad de contar con un abogado en el recurso de casación y en otras actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también ha elogiado esta declaración, subrayando la importancia de esta confirmación por parte del alto tribunal.
