Europa obligará a las empresas españolas a que aumenten los costos asociados al despido. Esta medida se desprende de las demandas presentadas por CCOO y UGT y será evaluada por el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) del Consejo de Europa.
La indemnización por despido improcedente, que actualmente está tasada según el Estatuto de los Trabajadores, se volverá más costosa para los empleadores una vez que el ECSR emita su resolución. El Comité ya se ha pronunciado en tres casos similares en países como Francia, Italia y Finlandia, concluyendo que el sistema de tasación de indemnizaciones no cumple con la Carta Social Europea. Actualmente, existen 24 demandas pendientes, lo que sugiere que la respuesta del Comité podría llegar a finales de 2024 o principios de 2025. España, al ser signataria de la Carta Social Europea, estará obligada a acatar las decisiones del Comité.
Los sindicatos argumentan que la indemnización por despido debe considerar las circunstancias personales y familiares del trabajador, especialmente cuando pertenece a grupos vulnerables con dificultades para encontrar empleo.
El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Ignacio Moreno González-Aller, advierte a las empresas sobre la necesidad de anticiparse a esta decisión y establecer normas claras que eviten que los jueces tengan que determinar montos de indemnización en un rango demasiado amplio.
Yolanda Cano, Of Counsell de Labormatters, sugiere observar cómo reaccionan los países europeos que ya han recibido informes del ECSR y aún no han modificado sus leyes laborales.
Pedro Alonso, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, plantea preocupaciones sobre las dificultades que genera el Real Decreto 608/2023, que requiere que las empresas que planean cerrar y despedir a 50 o más trabajadores notifiquen su decisión con seis meses de antelación.
En relación con los planes de igualdad, Puy Abril, socia de Labormatters, destaca la obligación de entregar el registro salarial, incluso con información individual. Sin embargo, menciona que se están explorando opciones con los sindicatos para evitar esta entrega. Además, señala que las empresas con más de 50 empleados han tenido que apresurarse con los planes de igualdad debido a las limitaciones de tiempo impuestas por la ley.
Juan Sebastián Fernández-Simal, director adjunto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid, informa sobre la planificación de más de 100 campañas y las líneas de actuación previstas para 2024. Sin embargo, destaca la falta de personal en comparación con la creciente cantidad de regulaciones laborales. En Madrid, solo hay 82 inspectores para más de tres millones de afiliados, lo que representa un inspector por cada 46,000 afiliados.
En resumen, la complejidad normativa y los cambios regulatorios requieren una atención constante. Respecto a las indemnizaciones por despido, se espera que Europa emita un dictamen que podría cambiar la dinámica de los costos asociados al despido en España.
