La mediación y el arbitraje son métodos alternativos de resolución de conflictos que se utilizan en España como opción al proceso judicial tradicional. En términos generales, podemos decir que ambos métodos están ganando cada vez más popularidad en España, tanto en el ámbito empresarial como en el de la resolución de conflictos entre particulares.
La mediación es un proceso voluntario en el que un tercero imparcial ayuda a las partes a encontrar una solución consensuada a sus conflictos. En España, la mediación se utiliza principalmente en casos de divorcio, disputas familiares, conflictos vecinales y laborales. La mediación puede ser llevada a cabo por mediadores privados o públicos.
Para obtener datos oficiales sobre la mediación en España debemos acudir al año 2015, ya que ese es el último año para el cual el Consejo General del Poder Judicial ha publicado datos oficiales sobre la mediación intrajudicial. En 2014 se registraron 6,101 derivaciones del proceso judicial a la mediación y en 2015, 5,829. Un dato preocupante es que el 54.75% de los casos ni siquiera acuden a la primera sesión informativa.
Los números de la mediación son muy bajos y no reflejan una verdadera política estatal de fomento de la mediación, especialmente después de que algunos proyectos hayan sido abandonados debido a los recortes presupuestarios.
No obstante, en España, la mediación se ha ido implementando poco a poco como un sistema para ayudar a las partes a entender su conflicto, mejorar su comunicación y trabajar en conjunto para encontrar una solución que fomente una convivencia respetuosa y pacífica.
En la actualidad, el avance, la expansión y el reconocimiento de la mediación como una actividad técnica y profesional es innegable. Un buen ejemplo de ello es la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que ha consagrado esta realidad, ofreciendo homogeneidad, seguridad jurídica y apoyo institucional a la figura de la mediación.
Por su parte, el arbitraje es un proceso en el que las partes acuerdan resolver sus disputas mediante un árbitro o un tribunal de arbitraje, cuya decisión tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. El arbitraje es utilizado principalmente en el ámbito empresarial.
En España, el arbitraje se rige por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Puede ser de dos tipos, arbitraje institucionalizado o ad hoc. El arbitraje institucionalizado se lleva a cabo bajo los auspicios de una institución especializada en arbitraje, mientras que el arbitraje ad hoc se lleva a cabo sin la intervención de una institución.
El proceso de arbitraje en España comienza cuando las partes en conflicto firman un acuerdo de arbitraje, que establece las reglas y procedimientos a seguir. Si no hay acuerdo de arbitraje previo, las partes pueden acordar el arbitraje en cualquier momento antes o durante el proceso judicial.
Una vez que se ha acordado el arbitraje, las partes seleccionan a un árbitro o varios árbitros. El árbitro escucha los argumentos de ambas partes y emiten un laudo arbitral, que es vinculante y ejecutable.
El arbitraje es una opción de los ciudadanos para resolver conflictos que pueden ser materia de esta institución, ya que puede ser más rápido y eficiente que el proceso judicial. Además, el proceso de arbitraje es confidencial y las decisiones arbitrales no son públicas, lo que puede ser beneficioso para las empresas que buscan mantener la privacidad en sus asuntos comerciales.
Uno de los principales aspectos negativos del arbitraje es que puede ser costoso. El coste del arbitraje depende de varios factores, como el número de árbitros, la complejidad del caso, la duración del proceso y la tasa de la institución arbitral. Estos costes pueden ser significativos, especialmente en casos complejos y prolongados.
No obstante, el arbitraje tiene como ventaja la rapidez, por ello, se recurre con frecuencia a este método alternativo.
La Ley de Arbitraje española establece que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el procedimiento arbitral debe ser llevado a cabo de manera rápida y eficiente. Además, la Ley establece plazos para la presentación de la demanda y la contestación, así como para la emisión del laudo arbitral, que no deben superar los seis meses desde la constitución del tribunal arbitral.
En otros términos, la mediación y el arbitraje se presentan como alternativas atractivas y cada vez más utilizadas para la resolución de conflictos en España, con un sólido marco legal y una amplia oferta de instituciones y profesionales capacitados. A medida que se siga promoviendo su uso y mejorando su calidad y eficacia, es probable que estos métodos de resolución de conflictos sigan ganando terreno en el panorama jurídico español.
