El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que afecta directamente a la regulación del litio en Extremadura. Según la sentencia, se han anulado varios artículos del decreto-ley de la Junta de Extremadura que establecía medidas urgentes para la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en la región.
Este decreto-ley había sido impugnado por el Gobierno, argumentando que invadía sus competencias en la regulación minera, y el tribunal ha respaldado esta posición.
En esencia, el fallo del Tribunal Constitucional invalida aspectos clave de la ley autonómica, como la obligación de que el tratamiento y los beneficios del litio obtenido en Extremadura debían realizarse necesariamente en la misma comunidad autónoma. Además, la normativa autonómica establecía sanciones por incumplimiento y consideraba que las concesiones de explotación eran de utilidad pública e interés social, lo que permitía la expropiación en casos de incumplimiento.
La sentencia se basa en el artículo 73.1 de una ley preconstitucional de Minas, que otorga al Estado la facultad de decidir si el tratamiento y beneficio de los recursos minerales se realiza en España y de imponer obligaciones a los concesionarios para satisfacer el interés nacional.
El fallo del Constitucional argumenta que el decreto-ley de la Junta de Extremadura entró en contradicción con esta ley al dejar en manos de la administración autonómica la facultad de condicionar la explotación del litio a la propia comunidad, impidiendo al Estado tomar estas decisiones. Además, se considera que esta restricción geográfica a la libertad de empresa no está justificada por razones de interés general y también contraviene la ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
En resumen, el Tribunal Constitucional ha anulado parte de la ley autonómica que buscaba regular el litio en Extremadura, respaldando la posición del Gobierno y argumentando que la regulación minera corresponde al Estado y que las restricciones geográficas impuestas por la comunidad autónoma son inconstitucionales. Este fallo tiene importantes implicaciones en la regulación de recursos minerales en la región.
